Las empresas de Álava que reduzcan su plantilla en un 35 % y en el plazo de tres años comiencen a funcionar en otro lugar deberán devolver las ayudas recibidas en los últimos ocho años y no podrán recibir otras en los siguientes ocho.
Vitoria. La Comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Álava ha debatido y aprobado hoy las enmiendas presentadas a la norma foral de subvenciones a empresas, en la que se han incluido penalizaciones a las compañías que recortan su plantilla mientras se deslocalizan.
La norma incluye ahora una definición más concreta de deslocalización, que debe suponer un cese o reducción significativa de la actividad de la empresa y que en el plazo de tres años -anteriores o posteriores- la actividad se inicie en otro lugar.
Todos los grupos de las Juntas Generales salvo el PP han acordado que para considerar que la compañía pueda ser penalizada la reducción de la plantilla debe alcanzar el 35 %, según han precisado desde EH Bildu.
En este supuesto las empresas deslocalizadas deberán devolver las ayudas percibidas en los últimos ocho años con intereses de demora y no podrán recibir ayudas públicas en otros ocho.
El procurador de la coalición abertzale, Manu Rezola, ha valorado que de esta manera las instituciones podrán "velar" por sus inversiones e "impedir que empresas que han recibido grandes cantidades de dinero público decidan de un día para otro llevar su producción a cualquier otro sitio con el único objetivo de seguir engordando su cuenta de resultados".
