“La idea es hacer en 2017 los exámenes de la OPE y una nueva convocatoria esta legislatura”

Pronto se cumplirá un año desde que accedió al cargo. ¿Cuál ha sido su mayor logro al frente del departamento de Servicios Sociales?

-Lo principal ha sido hacer un equipo y contar con unos técnicos que son grandes profesionales y que me han enseñado mucho a la hora de tomar decisiones, que en esta área son complicadas. Había una crispación importante en torno a las relaciones personales y profesionales dentro del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) y hemos intentado recuperar su confianza, a pesar de que no lleguemos a acuerdos en todas las materias. Pero sí que hemos contado con su criterio. Además, hemos acometido diversas mejoras en la prestación de servicios, como los refuerzos de plantilla en el centro que valora la discapacidad, y la estabilización del centro de menores extranjeros no acompañados de Bideberria, en el que se ha implantado un método netamente educativo. También hemos hecho un esfuerzo especial con el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que aumentará el número de horas de asistencia a las personas dependientes en 13.000 anuales, al tiempo que se ha ampliado a las personas con dependencia sobrevenida sin necesidad de esperar a ser valoradas.

¿Daría ya por instaurada la paz social en el IFBS? Algunas declaraciones recientes de los representantes sindicales no apuntan en esa dirección.

-Creo que no son justas. Es verdad que no se ha llegado a todos los acuerdos que se han planteado, pero estamos inmersos en una negociación en la que todas las partes tienen que dejar encima de la mesa sus propuestas. En este primer año de legislatura, en lo que concierne a las condiciones laborales de los trabajadores, se ha hecho un esfuerzo importante en recuperar cuestiones que habían sido perdidas por los trabajadores, como la paga extra, los días por antigüedad... Ha habido pruebas manifiestas de que esta Diputación tiene voluntad de trabajar. El esfuerzo hasta ahora supone cinco millones de euros y eso es algo a tener en cuenta. La paz social es un objetivo que todas las instituciones tenemos, pero no sólo lo tiene que conseguir una parte. ¿Que hay que trabajar más? Seguro. ¿Que estamos en ello? También. Pero las actitudes en cuanto al diálogo y el talante han cambiado de forma manifiesta.

¿En qué punto se encuentra la convocatoria de la nueva OPE?

-La intención es convocarla para finales de 2016. En este campo tenemos muchos pasos dados y espero que en la próxima mesa negociadora se llegue ya a un acuerdo para empezar a trabajar en las bases generales y técnicas de la convocatoria y que se determinen las plazas. Y no sólo sería esta OPE, sino que iríamos planificando las posibles nuevas OPE que haremos a lo largo de esta legislatura. Es verdad que el IFBS tiene un elevado índice de interinidad, con unos profesionales envejecidos, y que hay que hacer una renovación, porque tienen unas altas cargas de trabajo. Es algo saludable que como Diputación hagamos OPE periódicas para rejuvenecer la organización y dar mayor estabilidad y calidad al empleo que ofrecemos.

¿De cuántas estaríamos hablando?

-Depende, porque primero hay que hacer varios concursos de traslados. Pero la idea es hacer los exámenes de la primera OPE en 2017 y por lo menos hacer una nueva convocatoria de OPE en esta legislatura. Una más. Hay una expectativa creada en la ciudadanía alavesa para poder optar a puestos en una organización tan importante y también entre los funcionarios interinos, que llevan muchos años en la casa y quieren tener la oportunidad de estabilizar sus empleos y su calidad de vida.

¿La previsión de convocar 70 plazas en la primera OPE sigue igual?

-Sí, barajamos esa cifra. Parece que todas las partes están de acuerdo en que se van a sacar las plazas pendientes de la OPE de 2007 y todas las vacantes que existan hasta diciembre de 2015, que serían esas 70. También hay que tener en cuenta los posibles recursos que existan y queremos cumplir con la legalidad vigente. No podemos crear falsas expectativas o frustración a las personas que tengan la idea de presentarse. Si hay que hacer una OPE, que sea legal y nos permita llegar a nuestros objetivos.

Teniendo en cuenta esas restricciones que marca Madrid y el envejecimiento de la plantilla, ¿no puede quedarse corta esta convocatoria?

-También hay que tener en cuenta que no podemos hacer la OPE de todas las categorías y de todas las plazas a la vez, porque si no produciríamos un colapso en el buen funcionamiento de la organización. Hay que trabajar de una forma ordenada, planificada y consensuada con la parte social, teniendo en cuenta que la organización debe seguir funcionando y que las personas que opten a esas plazas puedan hacerlo. De lo contrario, podríamos encontrarnos con unos problemas de gestión muy graves.

Uno de sus mayores retos es finiquitar el Mapa de Servicios Sociales para hacer posible la adaptación al nuevo decreto de cartera, pero parece que el proceso se ha estancado un poco en las últimas semanas.

-Efectivamente, es el mayor reto que tenemos este año junto con la mejora de las relaciones sociales dentro del IFBS. Han ido surgiendo no tanto dificultades, sino pasos que hemos ido abordando, porque se han generado varios documentos que han sido compartidos y mejorados por todas las partes. En este momento, hay también una serie de alegaciones por parte de unos ayuntamientos gobernados por EH Bildu y los independientes y estamos valorando su aceptación o no. Que tardemos un poco más en definir el Mapa si al final lo vamos a hacer de una forma consensuada o por unanimidad, teniendo en cuenta todas las sensibilidades y todas las necesidades, no creo que sea perder el tiempo. Nos habíamos propuesto tener el último borrador para finales de este mes y parece que se va a dilatar un poco más en el tiempo. Pero antes del inicio de las vacaciones tendremos ese documento y espero que sea el mejor que podamos elaborar.

Nos vamos a julio entonces.

-Sí, a mí me gustaría que estuviese listo para finales de julio.

¿No corre riesgo la elaboración de los próximos presupuestos si el proceso se dilata más de la cuenta?

-La fecha que nos marcamos para tener toda la información es septiembre, que es cuando las instituciones empezamos a preparar nuestros presupuestos. Estamos trabajando de una forma coordinada con Hacienda, hay también un trabajo jurídico importante en el que estamos avanzando, y creo que las prisas no van ser buenas consejeras. Es mejor tardar un poquito más, pero hacerlo bien.

¿La gestión de los centros rurales de atención diurna (CRAD) está generando los mayores obstáculos?

-Sí, sí. Los CRAD y también las viviendas comunitarias. Estamos analizando cuáles son las necesidades de los municipios y las nuestras y con sentido común tenemos que ver qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a necesitar y cómo vamos a llevarlo a cabo. No podemos abstraernos del punto de partida del que venimos, que es esa gestión compartida de muchos servicios entre ayuntamientos y Diputación aunque sean de competencia municipal.

El acuerdo presupuestario con EH Bildu incluyó una partida para estudiar la habilitación de más plazas residenciales en zonas de especial necesidad. Se ha hablado de Añana, de Ayala... ¿Hay alguna decisión tomada al respecto?

-Vamos a condicionar la puesta en marcha de nuevos recursos residenciales forales al resultado del Mapa. El borrador sí que nos da pistas de que las zonas de Añana y Ayala son susceptibles de tener nuevas infraestructuras residenciales para personas mayores, pero en el caso de Ayala en concreto me parece interesante reflexionar, y así se lo trasladé al equipo de EH Bildu, sobre la posibilidad de que ese recurso sea para personas con discapacidad. Es una propuesta que hemos hecho, pero dependerá de las necesidades que vayamos detectando. Tenemos tres años para planificar pero sí, yo apostaría por Añana y por Ayala, porque en el resto de las áreas tenemos la cobertura más o menos garantizada. Aunque hay una dificultad: apostamos por el equilibrio territorial y por acercar los servicios especializados a todas las zonas, pero hay que tener en cuenta que la macrocefalia de Vitoria hace que, a veces, esos recursos residenciales que tenemos en la zona rural puedan tener unos índices bajos de ocupación. Los padres viven en la zona rural, los hijos en Vitoria, y para ellos es más cómodo que vengan aquí. Por eso, a veces es complicado generar demanda en las zonas rurales. Pero hay que cumplir con las coberturas del Mapa y estamos trabajando en ello.

¿Sería descabellado ver en esta legislatura una nueva residencia geriátrica en Añana y otra de discapacidad en Ayala?

-Pues... Ya veremos. Necesidad de un recurso para discapacidad en Ayala existe, y lo tenemos contemplado en nuestro programa electoral. Si no es para este año, a lo largo de la legislatura debiéramos hacer algo en este sentido. En Añana sí se percibe una necesidad en cuanto a recurso residencial, pero insisto que habrá que esperar a lo que diga el Mapa.

Su departamento está estudiando también si se pueden habilitar más plazas psicogeriátricas en la residencia San Prudencio de Gasteiz. ¿En qué punto está este proceso?

-Es un proyecto muy ilusionante, porque es un recurso infrautilizado y que tiene unas condiciones idóneas por su ubicación en la ciudad. Hemos hecho un plan funcional de necesidades de las dos plantas que serían susceptibles de reformarse, hemos mantenido varias reuniones y hemos trasladado la información para que se haga un estudio sobre cuál sería el coste de esta reforma. Si se ve que merece la pena llevarla a cabo por coste y efectividad, habilitaríamos las partidas correspondientes en los presupuestos de 2017 y, si fuera posible, la licitación. Pero está supeditado a ese análisis, a que la reforma sea sostenible.

¿Cuándo estará listo ese informe económico?

-Quiero tenerlo para mediados de septiembre, porque hay que saber de qué dinero estamos hablando para saber si la reforma es o no viable. Si la reforma es asumible por esta casa, empezaríamos a abordarla. Yo tengo buenas sensaciones y espero que se llegue a buen puerto.

Aproximadamente, ¿cuántas plazas nuevas se habilitarían?

-Como mínimo, tendrían que salir 50, teniendo en cuenta la última reforma que se hizo en San Prudencio.