vitoria - Gorka Urtaran ha defendido durante semanas que no podía frenar el giro de los recibos del IBI de las VPO, que las órdenes a los bancos ya estaban dadas, que no había marcha atrás. Ayer, antes de que el Pleno se levantara, tomó la palabra para reiterarse. Su gobierno acababa de rechazar la petición de toda la oposición de atrasar del 2 de junio al 3 de julio los cobros y ver en ese mes cómo solucionar la repentina subida del 28% que ha gravado las facturas de miles de familias por culpa de la actualización de los valores máximos de venta. “Lo acabamos de consultar. Es imposible”, insistió. El PP negó con la cabeza. Durante su intervención en el debate había recordado cómo en 2014 el gabinete de Maroto modificó el calendario fiscal, ya no sobre la bocina sino fuera de plazo, para evitar que coincidiera en el tiempo ese tributo con el de vehículos. Dijo que técnicamente era factible. EH Bildu, Podemos e Irabazi también. Hablaron de que sólo hacía falta voluntad política. Y finalmente, a preguntas de DNA, el gobierno aclaró las dudas. Sí, administrativamente podría haber frenado el proceso para que hoy no se giraran los recibos. Pero, al parecer, económicamente habría sido un suicidio.
“Aplazar un mes el cobro del IBI de las VPO supondría retrasar la tributación de todo el impuesto. Eso generaría tensiones de tesorería para las arcas municipales comprometiendo el funcionamiento general del Ayuntamiento”, afirmaron desde el gabinete de Urtaran. La propia concejala de Hacienda, Itziar Gonzalo, había recordado durante el Pleno la importancia del IBI en los ingresos del Consistorio. Sólo este año estaba previsto recibir 45,5 millones de euros por este tributo en su totalidad, aunque ningún grupo procesó el apunte como una insinuación del motivo por el que el equipo de gobierno defendía la imposibilidad de retrasar los cobros. El Pleno se desarrolló, de hecho, sobre un guión previsible con los reproches de siempre. PP, EH Bildu, Podemos e Irabazi votaron a favor de su moción, una propuesta de tres puntos para reprobar la actitud del alcalde “por la decisión unilateral” de incrementar el IBI a las VPO, solicitarle el aplazamiento de la fecha de fin del periodo voluntario de pago del impuesto hasta el 1 de julio y animarle a usar ese periodo adicional para “aplicar una solución a la subida”. Por su parte, el PNV y el PSE respondieron con una enmienda in voce, que sólo ellos apoyaron, por la que proponían instar a las Juntas Generales a modificar la Norma Foral para devolver a posteriori parte de la cuantía a las familias afectadas a través de bonificaciones con un incremento máximo en los recibos del 10%.
El Pleno solicitado por la oposición para tratar de solventar in extremis el conflicto del IBI no fue más que el perfecto resumen de los acontecimientos, ponencias, ruedas de prensa y propuestas de los 84 últimos días, desde que este periódico desveló la subida del 28%. Un incremento imprevisto porque nunca antes había tenido lugar y porque el Ayuntamiento no lo había notificado aun sabiendo que iba a tener que aplicarlo. Ayer, Gonzalo volvió a echar la culpa al PP por haber solicitado en 2012 a la Diputación la revisión de los valores máximos de venta dentro de su Plan de Lucha contra el Fraude, contradijo una vez más a sus compañeros del actual ejecutivo foral al asegurar que no fue hasta marzo cuando el Consistorio recibió la información sobre la aplicación de la actualización, obvió el tiempo y las formas empleadas para ratificar la mala noticia, defendió la propuesta para solventar a posteriori parte del problema y, con todo, restó importancia al impacto económico que soportará hoy mismo una parte de Vitoria. “De las 35.200 familias con VPO, a 11.011 la actualización les ha supuesto una bajada y para las 24.189 restantes la subida media es de 41,84 euros anuales”, apuntilló la edil.
El nuevo socio del PNV tuvo algo más de tacto al abordar la repercusión de la subida en los bolsillos de la ciudadanía. “Este tema del IBI es extremadamente delicado, afecta a colectivos vulnerables y somos conscientes de las penurias que pueden estar pasando algunas familias”, subrayó el concejal socialista Carlos Zapatero. Por lo demás, se alineó con el discurso oficial y, en referencia a las propuestas de la oposición para congelar el impuesto, habló de inseguridad jurídica. “Si nos saltamos la norma, se puede montar un follón de consecuencias desconocidas con un perjuicio claramente mayor que el de este incremento”, subrayó. El PP tomó el guante y retó entonces al equipo de gobierno a hacerlo a su manera, a posteriori, buscando la modificación de la Norma Foral para compensar la subida con bonificaciones, “pero en vez de planteando incrementos máximos del 10% buscando el 0%”.
La petición fue descartada. Según el PNV, no se puede limitar la subida del IBI a la VPO por debajo del 10% establecido en su iniciativa “porque supondría la anulación del efecto de una actualización fiscal que podría derivar en un fraude de ley”. El PP considera, sin embargo, que para que haya fraude de ley tendría que existir “una ley que te obligue a subir los impuestos, pero aquí lo que hay es un trámite administrativo y hasta la Norma Foral dice que se pueden bajar los tipos si se mantiene la recaudación”. Su impresión es que el objetivo del gabinete de Urtaran ha sido desde el principio ingresar los 1,158 millones de euros de más que supone el cobro del impuesto tal cual se ha quedado con la modificación de la base imponible. “De hecho, cuando presentó su propuesta de modificación de la Norma Foral vio que podíamos ir por ahí a por el 0% y nunca más en las ponencias fiscales habló sobre ella”, criticó el concejal popular Manu Uriarte.
Toda la oposición acusó a Urtaran de oscurantismo, pero sobre todo de inacción. “Prometió que iba a solucionar esta subida desproporcionada y nada”, reprochó la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion. “Le tendimos la mano y nada”, apostilló, por Podemos, Jorge Hinojal. “Dos meses esperando una salida a este atolladero y nada”, lamentó el concejal de Irabazi, Óscar Fernández. Al final, la subida ha llegado y, si los grupos no encuentran forma de ponerse de acuerdo, no habrá ni rebaja ni congelación. Nada.