gasteiz - Un vecino de Vitoria podría terminar arrepentido y pagando una multa por haber simulado un delito para tratar de cobrar de manera ilegal una reclamación de daños y una indemnización. Se trata de un varón de 58 años, de nacionalidad española y vecino de Álava, que ha sido investigado por agentes y detectives de la Guardia Civil de La Rioja por su presunta autoría en los delitos de denuncia falsa (simulación de delito) y estafa en grado de tentativa.
Según fuentes del instituto armado a las que ha tenido acceso este diario, a mediados de abril el investigado presentó una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Casalarreina. En su relato manifestaba haber mantenido una fuerte discusión con un vecino de La Rioja Alta, a quien le reclamaba la propiedad de unas chapas metálicas. Los mismos portavoces relatan que el citado siguió explicando que, al no ponerse de acuerdo, el vecino de La Rioja Alta se montó en su vehículo y arremetió, presuntamente en reiteradas ocasiones, contra el turismo del investigado, causándole daños en la parte delantera y trasera, además de lesiones a su mujer, que se encontraba en el interior en el momento de producirse los impactos.
Tras las diferentes investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, que logró reunir indicios suficientes para el esclarecimiento de los hechos, el cuerpo policial considera que ha quedado probado que sí existió la discusión por la propiedad de las chapas metálicas, pero que las embestidas contra el vehículo del investigado y las lesiones causadas a su mujer no se llegaron a producir.
Asimismo, los agentes consideran que se ha probado que la denuncia fue interpuesta por el investigado con conocimiento de su falsedad, llegando a dar parte a su compañía aseguradora para la reparación del vehículo y la reclamación de indemnización por las lesiones.
La legislación establece que los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputasen a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave; multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave o multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve. - P.J.P. / Foto: P.J.P.