vitoria - Lo más impactante de la revisión de la ordenanza que regula la venta ambulante en Vitoria se conoció hace ya un tiempo, cuando el trabajo no había hecho más que empezar: la incorporación de food-trucks y otros vehículos que funcionan como tiendas mediante convocatorias pública donde se establecerán lugares y condiciones de cara a la concesión de las autorizaciones. La noticia gustó a pie de calle pero no al sector que trabaja clavada al suelo. Suponía la irrupción de más competencia. Por eso, el Ayuntamiento dio ayer un paso importante en la aprobación de la normativa, al establecer que “todos los mercados tendrán carácter artesanal o de productos locales”, salvo que existan motivos de inclusión social, y en todos los casos se escuchará y valorará la opinión de la Mesa de Comercio Local.

El matiz fue introducido gracias a una enmienda de EH Bildu. También se aprobó otra de Irabazi, con el objetivo de garantizar una eficaz defensa del colectivo consumidor en formatos que pueden ser arriesgados. Los vendedores ambulantes tendrán que proporcionar a los clientes factura o resguardo de la compra donde se haga constar el nombre y la dirección permanente del comerciante, la mercancía adquirida y el importe de compraventa para facilitar una posible reclamación. “Se trata de plantear las mismas exigencias que en modelos tradicionales”, subrayó el portavoz del grupo, Óscar Fernández, en referencia a las últimas campañas de control de tickets en los establecimientos hosteleros de la ciudad.

El equipo de gobierno abrazó las dos propuestas, sobre todo por la intención de poner al comercio de casa, el local, que no se mueve, en una situación igual de o más ventajosa que la venta ambulante. Una parte importante del sector no ve con buenos ojos este formato y de ahí que el Ayuntamiento se haya esmerado especialmente a la hora de regularlo. “No obstante, en la Mesa sigue habiendo gente que lo rechaza de pleno”, admitió la edil jeltzale Nerea Melgosa.

Otro cambio que introduce la revisión de la ordenanza es la ampliación de tres a cuatro años de la vigencia máxima de la autorización que el Ayuntamiento concede para realizar esta actividad, sobre todo por intentar mejorar la gestión de los permisos y ayudar a los vendedores a amortizar sus inversiones. - J.S.