pilar Gabas está rota desde que el 31 de octubre de 2012 perdió a su marido, Kepa Galdós Elguezábal, como consecuencia de un mesotelioma pleural maligno. Un tipo de cáncer que sólo se contrae por haber estado en contacto con el amianto. Ella y sus hijos aducen que la enfermedad se originó por la exposición o manipulación que el fenecido hizo de este material mientras trabajaba para el Ayuntamiento de Llodio, y por ello, piden que éste lo reconozca.

“Durante los años en los que trabajó para el Ayuntamiento, realizó distintas tareas en las cuales, no sólo estuvo en contacto con amianto, sino que lo manipuló, cortándolo, trasladándolo, sin que nadie le informara de la peligrosidad del material, ni de la necesidad de que tomara algún tipo de precaución. Esto es algo que por mucho que lo quieran negar, saben que es cierto”, explica su viuda. Gabas también añade que “así lo han reconocido otros trabajadores del propio Consistorio y también Osalan, que ha dictaminado que en diferentes dependencias municipales y en diversos sitios públicos ha habido (y parece que a día de hoy también lo hay) amianto”.

Es por ello que consideran que el Ayuntamiento de Llodio debe asumir su responsabilidad en la muerte de Kepa Galdós, ya que en su momento ni les informaron del peligro que suponía trabajar con ese material, ni pusieron medidas para evitarlo. “Si cualquier muerte es dolorosa, cuando esa muerte es fruto de la dejación de una institución en el cumplimiento de sus obligaciones, esto produce en los familiares una impotencia y un dolor difíciles explicar”, pide Gabas.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento laudioarra no lo tienen tan claro. “Hay un informe técnico de COJUA (Comisión Jurídica Asesora de Euskadi) que, aunque asegura que sí murió por esta enfermedad, no garantiza donde la contrajo, ya que esta persona también trabajó con anterioridad en una empresa del acero en Bizkaia”, esgrime el alcalde, Natxo Urkixo, que, en este sentido, explica que “caeríamos en un delito de prevaricación si reconociéramos lo que nos piden e indemnizáramos a la familia, porque no hay aval técnico que respalde una compensación con dinero público que, de existir, no tendríamos ningún problema en entregar, sino todo lo contrario”.

El caso revive desde que la familia Galdós presentó en marzo de 2013 una solicitud de responsabilidad patrimonial, que ha sido desestimada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento laudioarra, dando carpetazo a la vía administrativa. Con todo, los familiares de Galdós no cejan en su empeño. “Pedimos y exigimos que se haga justicia, como en su día el propio afectado demandaba, asumiendo la responsabilidad del hecho por parte del Ayuntamiento de Laudio y tomando las pertinentes medidas para que no volvamos a lamentar la pérdida de ningún vecino más”, argumentan. Para ello, han decidido tomar el camino de la vía judicial (la vista está prevista para el 13 de junio), aunque antes han solicitado que se trate con carácter de urgencia el tema, en el próximo Pleno a celebrar este lunes.

La moción, por la que nuevamente exigían al Ayuntamiento responsabilidades sobre la muerte de su ser querido, en cambio, no aparece en el orden del día de la citada sesión. “No se ha debido a que la hayan presentado fuera de plazo, sino a que, en su lugar, se ha convocado para el 3 de junio una Junta de Portavoces de todos los partidos con representación municipal, a la que se ha invitado a acudir a la familia afectada, abogados, sindicatos o a quienes consideren, para hablar con calma, explicarles nuestra situación y las vías que tienen a su alcance para alcanzar un acuerdo”, adelanta el regidor laudioarra a este diario, al tiempo que reitera que “no nos podemos inmiscuir en una cuestión técnica que no compite al Pleno, por mucho que quisiera”.

Y es que Natxo Urkixo sabe por propia experiencia lo que es sufrir la perdida de un ser querido por esta polémica cuestión. “No tengo absolutamente nada en contra de esta familia, al contrario, me solidarizo plenamente con ella, porque yo sé lo que es eso. Un familiar murió por esto mismo, y no le apoyaron ni los sindicatos. Sé muy bien el dolor que se pasa. Pero como alcalde no puedo hacer lo que me piden, porque hablamos de dinero público, no mío”, insiste, a la vez que tilda de “sorpresa, que no comprendo” el movimiento realizado por la familia.

7.000 casos en la CAV. El caso de la familia Galdós no es más que la punta de un enorme iceberg. De hecho, se estima que entre los años 2003 y 2009 han surgido más de 7.000 afectados, cifra que seguirá aumentando, y que ha derivado en una gran cantidad de litigios. Por ello, todos los grupos del Parlamento Vasco (PNV, EH Bildu, PSE, PP y UPyD) reclamaron el pasado día 19 la creación por ley de un fondo de compensación estatal “sin culpa” para víctimas provocadas por el amianto.