Las Juntas Generales de Álava han instado hoy al Gobierno central en funciones a retirar el recurso contra la ley vasca antifracking, después de que varios artículos hayan sido suspendidos de forma cautelar por el Tribunal Constitucional.
Vitoria. El pleno de las Juntas Generales de Álava ha aprobado una moción transaccional presentada por EH Bildu, que ha contado con el apoyo de todos los grupos, salvo el Partido Popular, que se ha opuesto al entender que corresponde al Tribunal Constitucional retirar el recurso contra esta ley y no al Gobierno central.
La Cámara foral ha urgido también a la Diputación de Álava a adoptar una "actitud proactiva" en la defensa de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica.
Asimismo, los grupos han emplazado al Gobierno Vasco a utilizar "todas las herramientas jurídicas" reconocidas dentro del Estatuto de Autonomía para defender la ley antifracking.
En este sentido, han instado al Ejecutivo autónomo a comprometerse con "no poner en marcha ninguna iniciativa de exploración o investigación a través de la técnica del fracking en Euskadi ni a participar en ningún proyecto" de este tipo fuera del territorio.
Sobre esto último, el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, ha criticado al PNV por mantener una postura "esquizofrénica" en este tema, ya que apoya mociones como la de hoy en las instituciones pero sigue "adelante" con sus planes a favor del fracking, en concreto, en los pozos de Enara (ubicados en los alrededores de Vitoria) y en Angosto (Burgos).
El nacionalista Roberto González ha replicado que la postura del PNV en torno al fracking es "clara" y ha dicho que su partido no defiende "ni exploración ni explotación".
Además, ha recordado que es el Partido Popular en el Gobierno central en funciones quien ha presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca.
Por su parte, el portavoz popular, Borja Monje, ha dicho que "se ve lo que dice y hace el PNV" con el fracking y ha denunciado su "ambigüedad" en la cuestión.
El juntero socialista Jon Pablo Nogales se ha referido también a este aspecto y ha trasladado la preocupación de su grupo no sólo por el recurso del Gobierno central, sino por la "falta de definición del Ejecutivo de Urkullu".
Por su parte, Asela Ortiz de Murua, procuradora de Podemos, ha advertido del impacto negativo y la incompatibilidad de la fractura hidráulica con otras actividades económicas, así como del escaso retorno económico y eléctrico que supone la inversión en esta técnica.
José Damián García Moreno, de Irabazi, ha defendido que la actitud "proactiva" no debe limitarse a las instituciones sino también debe llevarse "a la calle".
Miguel Ángel Carrera, procurador del Grupo Mixto Independiente tras su salida de Ciudadanos, ha indicado que el fracking no está certificado que sea "inocuo" y por "prudencia" hay que rechazarlo.
Por último, la moción aprobada insta al Gobierno central a eliminar la nueva Ley del sector de Hidrocarburos y a "corregir su política energética" basada en al energía nuclear y el fracking. Asimismo, las Juntas han subrayado su compromiso con las energías limpias, alternativas y renovables.
