gasteiz - El Tribunal de Cuentas emitió ayer un comunicado para recordar que ejerce funciones como órgano fiscalizador “con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico”. La aclaración llega después de que el máximo órgano fiscalizador del Estado se viera sometido a las críticas del PP tras la sentencia del caso San Antonio por la que condena al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y el exalcalde de Gasteiz, Javier Maroto, junto al resto del gobierno municipal de Vitoria entre 2003 y 2007, a abonar 393.862 euros por la firma de un arrendamiento gravoso. El fallo culpa a ambos de haber perjudicado los intereses del Ayuntamiento de la ciudad con el contrato de alquiler de las oficinas de la calle San Antonio, que sólo beneficia al propietario del inmueble, el empresario Gonzalo Antón.

De esta forma, el Tribunal de Cuentas sale al paso de las reacciones a la sentencia “en determinados medios de comunicación”. Señala que la función de enjuiciamiento contable, que ejerce en exclusiva en todo el territorio nacional, tiene una naturaleza auténticamente jurisdiccional, no administrativa. “Así ha sido expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo, además de por la doctrina de la propia Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas”, subraya. El enjuiciamiento contable -continúa-, se dirige a exigir las responsabilidades contables en que puedan incurrir quienes tengan a su cargo el manejo de fondos o caudales públicos. “En ningún caso se enjuician por el Tribunal de Cuentas posibles responsabilidades penales, mientras que las resoluciones jurisdiccionales que se dictan no producen efectos fuera del ámbito de la jurisdicción contable”, aclara el máximo órgano fiscalizador.

Indica, no obstante, que los miembros del Tribunal de Cuentas titulares de los departamentos de la Sección de Enjuiciamiento, al igual que el resto de consejeras y consejeros de la institución, son elegidos por las Cortes -seis por el Congreso y seis por el Senado-, según un modelo común al resto de órganos constitucionales, así como a la mayor parte de Tribunales de Cuentas del entorno. “Y esos miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces”, aclara en referencia a las manifestaciones de los populares argumentando que el fallo administrativo no es definitivo y ha sido dictado por una consejera del Tribunal de Cuentas de IU, nombrada por el PSOE en un pacto entre ambos.

El PP, sin embargo, un día después de que el Tribunal de Cuentas haya sentenciado en contra de dos de los miembros del gabinete Rajoy insiste en que el caso San Antonio no es corrupción. La portavoz de los populares vascos, Laura Garrido, declara, en cambio, que sí que lo son los casos De Miguel o Hiriko, que afectan a las filas del PNV; partido que también ha criticado el “empecinamiento y contumacia en el error” mostrados a lo largo de este tiempo por el PP. También desde Zamora, el vicesecretario de organización del partido, Fernando Martínez-Maillo, apoyó a Maroto y Alonso porque se trata de una sentencia administrativa y no penal. Por el contrario, EH Bildu y PSE piden que se devuelva el dinero a las arcas municipales de Gasteiz. Asimismo, UPyD defiende que aquellas personas que hacen uso “indebido” de dinero público tienen que, además de reconocerlo, dar un paso atrás. Y desde las filas del PNV reconocen que de la sentencia se deduce que ha habido una actuación perjudicial para Gazteiz y un contrato gravoso. En declaraciones al Parlamento de las Ondas de Radio Euskadi, así se han referido al caso San Antonio representantes políticos vascos después de que el Tribunal de Cuentas haya condenado a Alonso y Maroto al pago de 393.000 euros por el alquiler de las oficinas municipales de la calle San Antonio a un empresario mientras se encontraban al frente del Ayuntamiento de Vitoria. Un caso que, el PP puntualiza: “no es corrupción”, porque lo que se discute es el precio de un alquiler, un alquiler muy caro.