PP vasco insiste en que el denominado 'caso San Antonio' no es corrupción como el "'De Miguel' o 'Hiriko'"

BILBAO. Por su parte, el PNV ha criticado el "empecinamiento y contumacia en el error" mostrados a lo largo de este tiempo por la formación popular, mientras EH Bildu y PSE han pedido que se devuelva el dinero. Asimismo, UPyD ha defendido que aquellas personas que hacen "uso indebido de dinero público" tienen que, "además de reconocerlo, dar un paso atrás".

En declaraciones al 'Parlamento de las Ondas' de Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los representantes políticos vascos se han referido al hecho de que el Tribunal de Cuentas haya condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, al pago de 393.000 euros por el alquiler de las oficinas municipales de la calle San Antonio a un empresari mientras se encontraban al frente del Ayuntamiento de Vitoria.

Tras advertir que se está "malinterpretando de forma absolutamente intencionada" la situación generada, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha incidido en que no se está ante un caso de corrupción "como si son los casos 'De Miguel' (que imputa a excargos del PNV en Álava) o 'Hiriko' (el proyecto frustrado de coche eléctrico que percibió ayudas públicas)".

"No es un caso de corrupción, no es penal sino meramente contable. Se reclaman 390.000 euros y lo que se discute es si el precio por metro cuadrado es de 10 o 12 euros. Se discute si el criterio del precio se hizo a valor de mercado o de tasación", ha indicado, para añadir que en su momento se "intentó la vía judicial, pero la Fiscalía archivó las diligencias".

Por ello, ha defendido que aquellos hablan de corrupción lo que hacen es "malinterpretar los hechos y la propia causa en sí", al no haber "presunta actuación delictiva ni responsabilidad penal". "Los que acusan de corrupción saben que se están equivocando", ha expresado.

Asimismo, ha valorado que cuando Javier Maroto era alcalde "logró rebajar el precio del alquiler de los locales, cosa que el anterior alcalde, del PSE, no hizo", en referencia a Patxi Lazcoz.

Además, ha recordado que el fallo "administrativo" no es definitivo y ha sido dictado por una consejera del Tribunal de Cuentas de "Izquierda Unida, nombrada por el PSOE en un pacto entre ambos". "Estamos ante un fallo que no es firme, que es recurrible. El PP materializará el recurso y veremos qué pasa con el pronunciamiento final", ha subrayado.

PNVPor su parte, el portavoz parlamentario del PNV ha reconocido que de la sentencia se deduce que ha habido una "actuación perjudicial para Gazteiz y un contrato gravoso".

El representante jeltzale ha subrayado que cuando se conoció el contrato en 2007 hubo intervenciones políticas advirtiendo del "desfase y la desmesura del contrato", pero el PP demostró "mantener empecinamiento y contumacia en el error".

"Esa actitud en la política de prepotencia y contumacia es lo llamativo y que hace que lleguemos a este punto", ha indicado, para añadir que "las responsabilidades políticas están concretadas en el gobierno municipal con responsabilidad directa en Alonso y Maroto".

Además, ha recordado que en su momento "hubo una oferta" del PNV cuando ejercía de oposición en el Consistorio vitoriano para revisar los contratos y renegociar de cara a "arbitrar una solución intermedia". "Cuando uno se empecina en mantener su posición como la única verdad existente pues después vienen estas consecuencias", ha concluido.

EH BILDUPor su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que si no es corrupción "se parece mucho" y ha defendido que con la sanción económica ha quedado "en evidencia lo que todo el mundo conocía".

"Que determinados responsables públicos firmaron un contrato de alquiler por el que se pagaba más dinero de lo que estipulaba el mercado", ha indicado, para añadir que por esa "negligencia" de dinero público un empresario fue beneficiario.

A su juicio, en esta actuación había "algo raro", aunque no sabe "con qué motivos o a cambio de qué" se realizaron tales contratos. "Es imposible que alguien que gestione un ayuntamiento actúe a la ligera de forma alegre gastando más dinero del que la lógica dice", ha añadido.

Por ello, ha considerado que se ha producido un "quebranto económico" y ha valorado que éste "sea compensado por sus responsables de su propio bolsillo". "Con la que cae en el entorno del PP, los sobres, las Gurtell, las púnicas... es una gota de agua en un océano de enorme corrupción", ha acusado.

PSEPor su parte, la parlamentaria del PSE-EE Natalia Rojo ha negado que se esté ante una sentencia "política" y ha lamentado que el PP intente "acusar al juzgador". En su opinión, lo importante es reconocer "cuándo alguien se ha equivocado" y "legitima" a quien lo hace.

"Javier Maroto renegoció el precio cuando el asunto estaba en los tribunales, no antes. No es un tema penal, pero no se puede minimizar. Hay una sentencia", ha argumentado.

En contraposición, ha destacado que en los denominados caso 'De Miguel' o 'Hiriko' se está esperando a ver qué dicen los tribunales, mientras que en este caso ya hay sentencia que dice que "se hizo mal y que la gestión dejó que desear".

"Esto afecta a los intereses de los vitorianos porque es dinero público. La sentencia es clara y el PP debe reconocerlo. Ellos sabrán si esto deslegitima a los protagonistas para ir en las listas, pero no se puede minimizar ni echar la culpa al alcalde anterior. El 'y tu más ayuda muy poco'", ha finalizado.

UPyDPor último, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha defendido que aquellas personas que hacen un "uso indebido de dinero público" tienen que, "además de reconocerlo, dar un paso atrás".

"Nuestros dirigentes no pueden realizar un uso indebido del dinero público bien sea por mala intención o porque no hayan sido capaces de hacerlo mejor", ha advertido.

Asimismo, ha afirmado que este caso evidencia "prepotencia" del PP al no reconocer los hechos y, por otro, el "uso indebido de dinero público".