Vitoria - Gorka Urtaran lo tiene muy crudo. Tras reajustar el desfase presupuestario heredado de la anterior legislatura, sin capacidad para tener más cash y a falta de cuadrar las cuentas de este año, ya tiene ante sí un 2017 que pinta francamente complicado. Las previsiones de las dos principales fuentes de ingresos con las que cuenta el Ayuntamiento de Vitoria, el IBI y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, no pueden ser más nefastas. Sobre la primera ya habló el alcalde hace unos días, para advertir de que si se dejara tal cual, con el desplome del 37% de los valores catastrales, las arcas perderían 13,9 millones. Y ayer, durante la ponencia fiscal, remató las malas noticias. El estudio realizado por Hacienda alerta de que, de mantener congelado el tributo conocido como Plusvalía, se recaudarían 10,3 millones de euros menos.

Así que el dilema es evidente: o se aumenta la presión fiscal sobre los gasteiztarras para mantener la recaudación -otra cuestión es cómo, porque puede hacerse con café para todos o de forma progresiva- o el Ayuntamiento se verá obligado a cerrar algunos servicios. El propio Urtaran admitió recientemente la mayor. En Vitoria, con una cobertura de recursos públicos que supera de lejos la media estatal, el ejercicio de equilibrio entre ingresos y gastos es peliagudo y obliga, por un lado u otro, a hacer esfuerzos. ¿Cuáles en el caso de la Plusvalía? Está por ver. Existe margen legal para aplicar una subida y compensar así el déficit que conllevará el descenso del valor del suelo, pero habría que ver hasta dónde porque, en el bolsillo del ciudadano que afronta cualquier tipo de transmisión inmobiliaria, este tributo es desmesurado.

Un ejemplo. Vender en este momento un piso adquirido hace trece años, en la época feliz del ladrillo, de 90 metros cuadrados, obligaría al propietario a pagar a Hacienda más de 10.000 euros, cifra que sale de multiplicar el valor del suelo, por el tipo de gravamen establecido y los años de titularidad de la casa. Y eso sin tener en cuenta que la operación, debido al desplome del precio de la vivienda, no le saldría muy a cuenta. “Es injusto”, coincide buena parte de la corporación. Pero a la vez hay que pensar en las arcas de las que salen los dineros para mantener en forma la ciudad. Y la realidad es que las transmisiones inmobiliarias en los últimos ejercicios no han hecho más que descender, de las 13.289 de 2011 a las 10.984 de 2015, principalmente por el descenso de las compraventas. Y ahora, con el descenso del valor del suelo y de los catastrales, se notará la caída todavía más.

Así que el Ayuntamiento va a tener que revisar ese margen legal antes mencionado. Desde el año 2011 el tipo de gravamen ha permanecido invariable en un 22,89%, cuando la norma foral permite llegar hasta el 30%. Y, en el caso de los coeficientes por años de titularidad, no se ha tocado nada desde 2005 para los tramos “hasta 15 años” y “hasta 20 años” y, al igual que el tramo “hasta 10 años”, se encuentran muy por debajo del máximo que permite la Diputación. En cualquier caso, ayer los grupos no entraron a debatir futuribles y se limitaron a escuchar la información, para digerirla y abordarla en próximas reuniones. Porque aún quedan muchas por delante. La siguiente sesión de la ponencia de fiscalidad se ha fijado ya para el jueves 26, y la idea es retomar las negociaciones sobre el IBI, tanto para las VPO este año como el de 2017.

Ese día, el equipo de gobierno presentará a los grupos municipales el impacto de sus diferentes propuestas para corregir la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles aplicada a las VPO, que han sufrido un incremento medio del 28% tras la actualización de los precios máximos de este tipo de viviendas. Lo que sí adelantó ayer es que la iniciativa que había planteado el PP, que permitía congelar las facturas y fue ferreamente defendida por Javier Maroto, presenta serias dudas legales. Por ese motivo, Urtaran ya ha pedido un informe de viabilidad a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento. También ha solicitado una aclaración a la Diputación alavesa, para que deje meridianamente claro si “la cuota de valor” que afecta a las casas protegidas, que ha subido de 4,035 a 5,193 millones de euros, “afecta a este año o al que viene”.

¿Inconstitucional? El llamado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como Plusvalía, grava el incremento del valor de un piso, local o parcela durante el tiempo que una persona ha sido su propietaria y se paga en operaciones como compraventas, herencias o donaciones. No obstante, con el desplome del precio de las viviendas, la venta supone una pérdida sin que ello exima al hasta entonces propietario de pagar el tributo. Una situación “injusta que merece una revisión”, según reconoció Urtaran, pero puede que también contraria a la ley. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la denuncia de un juzgado de Vitoria que considera que algunos de los artículos de la norma foral -por ende, la ley estatal- que regula este impuesto girado por los ayuntamientos son inconstitucionales.