- Alfredo Barrio es la persona que mejor conoce el estado de las arcas municipales. Lleva una barbaridad de años haciendo números. Empezó cuando las vacas daban café con leche y siguió cuando las ubres comenzaron a vaciarse. Ha tenido que lidiar con gobiernos que se embarcaban en atolondrados endeudamientos y asesorar a los que tuvieron que afrontar la difícil herencia recibida. Pero siempre, con independencia del momento, ha acabado lanzando la misma advertencia a la Corporación municipal: gasta más de lo sensato y ahorra menos de lo razonable. También ayer lo hizo, sólo que en esta ocasión sonó urgente. Con el informe sobre la estabilidad presupuestaria de 2015, el interventor general del Ayuntamiento de Vitoria, ese hombre discreto que nunca pierde los papeles, agravó la voz para alertar a todos los grupos políticos de la necesidad de tomar medidas de una vez por todas para contar con un colchón adecuado que permita afrontar los compromisos financieros y mantener los servicios públicos. “Tenemos unos problemas que son endémicos y hay que ponerles solución”, subrayó.

La evaluación realizada suspende una vez más al Ayuntamiento en el capítulo de la regla de gasto, ese corsé que impuso la Ley de Estabilidad Presupuestaria a los ayuntamientos y que les impide aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española, que en 2015 se fijó en un 1,3%. Se suponía que de esa forma las administraciones locales arrojarían superávit en sus cuentas, pero en Vitoria sucedió justo lo contrario. El incumplimiento se cifra en nada menos que 47 millones de euros.

Se trata de una cifra negativa muy gorda que hay que tomarse en serio. Sobre todo porque detrás de ese dinero están los dos conceptos que han acabado convertidos en “los talones de Aquiles” del Consistorio gasteiztarra: el ahorro neto positivo y el remanente de Tesorería. En el ejercicio de 2015 resultaron ser tan “insignificantes” que pusieron en jaque la regla de gasto. Y eso tiene, o debería de tener, consecuencias. Barrio advirtió de que la propia norma foral de estabilidad presupuestaria exige “formular un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente su cumplimiento”. También hay otra alternativa, la que recomendó el interventor, que pasa por sustituir ese plan por una comunicación al Pleno, “en que se analice, evalúe y acredite la sostenibilidad financiera” siempre y cuando liquide el presupuesto del ejercicio del incumplimiento con remanente de Tesorería y ahorro neto positivo y cumpla los objetivos de déficit y deuda pública para el siguiente año.

Barrio apostó por esta segunda vía, aunque con cuidado. La deuda viva del Ayuntamiento y sus sociedades municipales, otra cuestión analizada en el estudio, ascendió a 123,295 millones de euros en el ejercicio de 2015. “Se ha mantenido dentro de los límites exigidos por la legislación, pero eso no significa que sea la adecuada”, aseguró el interventor, ya que “un ayuntamiento puede tener más gasto corriente que otro, por lo que hay que medir en función de la capacidad de ahorro”. Y la que tiene la capital alavesa, como ya había mencionado antes, no es precisamente pomposa.

Los resultados de la estabilidad presupuestaria, esa pauta que fija que las administraciones públicas deben cerrar en equilibrio sus finanzas a lo largo de un período de tiempo, sea un año o más, pudiendo incurrir en superávit pero nunca en déficit dan la razón al interventor. Se ha cumplido, y eso está bien, pero con apenas 133.104 euros, lo que supone un margen de apenas el 0,04%. Por eso, el Ayuntamiento deberá estar ojo avizor, para no tener que acabar tutelado por la Diputación y el Estado, “con medidas perceptivas como tener que recibir su autorización para pedir un préstamo o convocar una oferta pública de empleo”, subrayó. Los grupos tomaron nota, precisamente porque ahora se enfrentan a la necesidad de fijar unos impuestos que les den los ingresos suficientes para mantener los servicios públicos e invertir en la ciudad sin mermar aún más la calidad de vida de los gasteiztarras.

Con ese principio que todos comparten, no así la forma de aplicarlo, hoy se reúnen en la ponencia de fiscalidad para seguir trabajando en el encaje normativo de las propuestas presentadas para evitar el incremento del IBI en las VPO y avanzar en este impuesto para todas las viviendas en 2017. Ya existe un estudio de impacto sobre los ingresos del planteamiento del PNV y los técnicos están analizando las que han presentado otras formaciones. El PP, no obstante, aprovechó la víspera de la reunión para cargar contra el gabinete de Gorka Urtaran e insistir en su planteamiento, aunque los consejos llegaron desde otra institución. El portavoz del PP en las Juntas Generales, Javier de Andrés, reiteró que hay que modificar la Norma Foral que regula el IBI para que la ciudadanía “no sufra subidas” en este tributo e instó al Ayuntamiento a “buscar otras fuentes de financiación” que no pasen por una mayor presión fiscal.

El equipo de gobierno municipal ya ha dejado claro, en cualquier caso, que su intención es no apretar el nudo o hacerlo lo menos posible con todos los tributos. La semana pasada adelantó su deseo de rebajar la plusvalía, tan sobredimensionada en esta época de crisis. Y precisamente sobre este impuesto va a presentar un estudio mañana en la ponencia.