gasteiz - El Centro foral de Orientación y Valoración (COV), donde se diagnostican y determinan los grados de discapacidad y se reconocen las situaciones de dependencia, ha experimentado este año una avalancha de solicitudes que ha empujado a la Diputación alavesa a tomar medidas. La más importante, según informó ayer la responsable foral de Servicios Social, Beatriz Artolazabal, será el refuerzo de este servicio con cuatro profesionales más, un médico rehabilitador y tres trabajadores sociales -uno a media jornada-, con los que la institución pretende aliviar sus listas de espera y mejorar la atención. “Lo hemos reconducido o subsanado, pero se ha producido un colapso, una situación bastante agobiante para nuestro servicio de valoración”, reconoció Artolazabal, tras ser cuestionada al respecto en la comisión del ramo por el juntero independiente Miguel Ángel Carrera.

La presión asistencial se ha intensificado este año 2016 y lo ha hecho concretamente en las solicitudes de valoración de dependencia. Si durante el primer trimestre de 2015 el COV atendió 324 casos nuevos, la cifra se ha disparado en el mismo periodo de este año hasta los 618, casi el doble. O lo que es lo mismo, siete nuevas solicitudes al día. Las consultas de valoración de discapacidad, por contra, se mantienen este año en cifras “bastante estables” respecto al ejercicio 2015, cuando se produjeron 1.676 demandas, 186 al mes.

Una de las principales razones de este colapso ha sido, según Artolazabal, que el Ayuntamiento de Vitoria ha estado derivando al COV a un número indeterminado de personas que ya habían sido valoradas anteriormente por la propia institución foral y a las que no se les asignó ningún grado de dependencia y, por tanto, no tienen derecho a la prestación. La Diputación, para evitar que situaciones así se repitan, ha solicitado al Consistorio que cierre ese flujo de derivaciones. “Con estas medidas, intentaremos rebajar considerablemente el tiempo de demora”, anheló la titular de Servicios Sociales.

reunión con eze y ezeba En otro orden de cosas, Artolazabal informó también ayer ante las Juntas Generales del resultado de la reunión mantenida el pasado lunes 2 con las asociaciones alavesa y vasca de celíacos, EZEBA y EZE, para tratar de explorar nuevas vías de colaboración. Lo hizo en respuesta a la juntera de Podemos Itxaso Roldán, que abogó por articular un sistema de ayudas para financiar el sobrecoste de la dieta sin gluten que necesita este colectivo. Una petición a la que también se sumó el procurador Manu Rezola, de EH Bildu, y que va en consonancia con el deseo de estos colectivos, que durante el encuentro con la diputada foral solicitaron la firma de un convenio similar al que ya existe con la Diputación de Bizkaia y que sí recoge la concesión de ayudas a través de las asociaciones.

Artolazabal no cierra las puertas a una “colaboración más intensa” que la actual con estos colectivos, pero en todo caso recordó que la financiación de este tipo de ayudas para alimentación “no es competencia” foral al tratarse de problemas derivados de la salud. “No nos cerramos a nada, pero el modelo de Bizkaia no tiene por qué ser exportable”, advirtió la diputada, que además recordó que los presupuestos de este año ya están cerrados en Álava y no contemplan ninguna ayuda de estas características al margen de la colaboración que el ente foral ya mantiene con estos colectivos, centrada en el fomento de la formación y la sensibilización.

Roldán replicó que “la subvención para alimentación no es un capricho, sino la medicina” de los afectados, mientras Rezola apostó por un sistema de ayudas “públicas y para todos”. EZEBA cuenta, en concreto, con 481 personas asociadas, aunque la cifra de celíacos en Álava es a buen seguro mucho mayor.

Una vez tratados estos dos puntos, la comisión de Servicios Sociales se trasladó al centro de atención a menores extranjeros no acompañados Bideberria, donde Artolazabal y miembros de los distintos grupos junteros llevaron a cabo una visita.