el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la Ley vasca de Vivienda, la primera norma que reconoció este derecho subjetivo en el ámbito estatal, ha colmado la paciencia tanto de los colectivos antidesahucios como del Ejecutivo autonómico. Pese a que la ley salió adelante en junio de 2015 con los votos favorables de la mayoría de la oposición en el Parlamento de Gasteiz, EH Bildu, PSE y UPyD, el Gobierno en manos del PNV ha mostrado en reiteradas ocasiones su disposición para desarrollarla. No es su norma, de hecho los jeltzales votaron en su día en contra de ella, pero el compromiso del Ejecutivo ha pasado hasta ahora por atender el mandato de la Cámara vasca. Tras la reciente admisión a trámite del recurso contra varios artículos de la ley por parte del Tribunal Constitucional, la viceconsejera de Vivienda, Covadonga Solaguren, se mostró tajante durante una entrevista con este periódico: “Vamos a defender la constitucionalidad de todos los artículos”, enfatizó la representante del Gobierno Vasco. El pleno del Parlamento Vasco decidió este pasado jueves personarse en el proceso abierto por el Gobierno español presentando alegaciones al mismo, con los votos favorables de jeltzales, soberanistas y socialistas, y el único rechazo del PP.

El Ejecutivo Urkullu considera la actitud de Madrid una “intromisión”, una más, en el autogobierno, pero para colectivos como Kaleratzeak Stop Araba, Lakua podía haber hecho mucho más hasta ahora para defender sus competencias. El colectivo antidesahucios, que cree que el Ejecutivo ha actuado con “pasividad”, se muestra también muy crítico con los primeros pasos dados por el Gobierno Vasco para regular diferentes aspectos de la nueva normativa, los que de momento no han quedado en suspenso por el recurso del Ejecutivo Rajoy, como el decreto sobre el derecho subjetivo de acceso a una vivienda digna. “Es exclusivamente una regulación sustitutiva y que empeora la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). No plantea nada para que crezca el parque vasco de viviendas ni para que se pongan en alquiler todos los pisos de VPO que hay vacíos”, lamenta Arturo Val del Olmo, miembro de Kaleratzeak Stop Araba, en declaraciones a este periódico.

Pero antes de cualquier otra consideración, el activista reclama al Ejecutivo que haga lo que esté “en su mano” para solicitar al Constitucional que levante la suspensión de la ley. “Era una buena herramienta para dar respuesta a la emergencia habitacional que se vive en Euskadi. No se visibiliza, pero tenemos a miles de demandantes de vivienda social, a mucha gente que vive en condiciones indignas y sigue habiendo desahucios”, enfatiza Val del Olmo. Según la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, medio millón de personas se encuentran actualmente en riesgo de pobreza en la CAV, más de 50.000 viven de la caridad y 2.000 duermen en la calle o en centros precarios para personas sin hogar.

Consuelo Crespo, también activista del colectivo alavés antidesahucios y que en su día tuvo que vivir en primera persona lo que supone ser desalojada de su propia vivienda, tampoco ahorra en calificativos a la hora de censurar la actitud de las instituciones. “El Gobierno Vasco no se está preocupando por captar viviendas vacías para ponerlas en alquiler, aunque haya un montón. Y del PP no esperábamos otra cosa... Con todo lo que está pasando, vemos unas actitudes inadmisibles”, critica Crespo, a quien ni siquiera tranquiliza un hipotético cambio de gobierno en Madrid. “Confianza tenemos poca salvo en nuestra propia lucha”, enfatiza.

250 euros A grandes rasgos, la Ley vasca de Vivienda garantiza a todo aquél que reúna unas condiciones objetivas de necesidad el derecho a que el Gobierno Vasco le proporcione en régimen de alquiler una VPO acorde a sus características familiares. En caso de no poder hacerlo porque, por ejemplo, en su municipio no hay viviendas libres, se le ingresará una prestación económica sustitutoria de 250 euros que le permita acceder en mejores condiciones al mercado libre, tal y como recoge el ya citado decreto aprobado por Lakua para iniciar el desarrollo de la ley. Hasta la fecha, y según los datos del propio Ejecutivo, 18 familias alavesas se han dirigido ya al área de Vivienda para reivindicar su derecho subjetivo.

Para Kaleratzeak Stop Araba, la “sustitución” de este derecho por una prestación económica que además “empeora” la actual PCV es “una tropelía”. “El decreto exige estar inscrito cuatro años en Etxebide, en lugar de los tres años de empadronamiento actuales, reduce a 250 euros una cuantía de hasta 320 euros, amplía el plazo para contestar a seis meses, en lugar de dos como ahora, establece que el silencio administrativo será negativo, en lugar de positivo como es ahora, declara la incompatibilidad con otras prestaciones de Vivienda, como las ayudas de emergencia, o exige unos ingresos mínimos de 3.000 euros ahora inexistentes”, enumera el colectivo antidesahucios, que denuncia también que Lakua “no dedica recursos económicos suficientes a este drama social”. A su juicio, lo demuestran “el fracaso” del Plan Director de Vivienda o el “reiterado” incumplimiento de los acuerdos del Parlamento, como el relativo a los inquilinos de Alokabide, “a los que se desahucia después de imponerles gastos de alquiler y de comunidad que les hunden en la pobreza”.

Dejando al margen las trabas puestas desde Madrid a la nueva normativa, Kaleratzeak Stop considera que la fórmula para desarrollarla pasa por dedicar los recursos económicos suficientes que permitan incrementar un parque de viviendas “claramente insuficiente”. “En los presupuestos no se ha regulado nada, y la situación ahora mismo es muy anómala y grave”, denuncia Val del Olmo.

La plataforma antidesahucios, que va más allá y ha exigido recientemente al Gobierno Vasco la “retirada inmediata” del decreto sobre el derecho subjetivo, demanda que las Cuentas públicas que se aprueben en adelante “frenen el retroceso en las prestaciones sociales y financien la rehabilitación de viviendas”, promocionen también “nuevas viviendas de alquiler”, capten más viviendas vacías y, en definitiva, “aumenten el parque de viviendas de alquiler social para dar respuesta efectiva al derecho fundamental a una vivienda digna”. “Si no hay cambios profundos, vamos a seguir con el mismo problema”, censura Val del Olmo.