El martes finaliza el plazo de presentación de alegaciones al reglamento de consultas populares que elabora el Ayuntamiento de Vitoria, y los partidos de la oposición ya han registrado una veintena de enmiendas al texto, a falta de que lo haga el PP, que ayer aún no sabía cuántas iba a inscribir. Una de las más recurrentes hace referencia a la posibilidad de que las consultas populares, esto es, la llamada a las urnas que por asuntos de interés se hagan a los ciudadanos, sean finalmente vinculantes y el Ayuntamiento acate la decisión de los vitorianos. Así lo plantean, por ejemplo Podemos y EH Bildu. En el caso de la formación morada, Jorge Hinojal explica que si una norma superior a la municipal contemplara consultas vinculantes, el Ayuntamiento asumirá este punto como obligatorio. En el mismo sentido lo explica la coalición soberanista aprovechando y tomando como referencia la ley municipal, explica el edil Aitor de Miguel.

Otro de los puntos que ambas formaciones ven necesario introducir en el reglamento es que los proyectos estratégicos que vayan a suponer un cambio importante en la ciudad, y aquellos que conllevan una inversión relevante, superior a los cinco millones de euros, se sometan a votación popular, como medida de avance hacia unos presupuestos más participativos. En este punto, Podemos, además, incluye las obras en fase de ejecución cuyo coste sume en todas sus fases diez millones. El reglamento dice que no se podrán hacer consultas que vayan contra los derechos humanos o de los animales. En este sentido, EH Bildu introduce un matiz a una de las alegaciones de Irabazi poniendo el acento en que únicamente sea en casos en los que la votación suponga un retroceso y no un adelanto, adelantándose al hecho de que uno de los asuntos que mayor interés despierta entre la ciudadanía y que tiene posibilidad de llegar a las urnas es el de las corridas de toros, y si no se deja claro en la normativa podría llevar a confusión. La coalición también incide en el punto del reglamento que permite a los partidos con siete concejales proponer una consulta, para puntualizar en su alegación que deberían ser siete ediles de al menos dos partidos distintos para que haya algo de consenso.

En cuanto al PSE, lo que básicamente pretende con sus diez alegaciones es garantizar más la transparencia de todo el procedimiento, así como el principio de neutralidad. Entre sus prepuestas más destacadas está la posibilidad de que los grupos propongan la convocatoria de consulta en proyectos de más de cinco millones de euros de inversión, una iniciativa que los socialistas llevan en su programa electoral. También apuntan los socialistas que la decisión de fijar las fechas de las consultas no pueden corresponder exclusivamente al alcalde sino que se traslade a la Junta de Portavoces y se someta al voto del Pleno. En sus enmiendas introducen mecanismos para garantizar la neutralidad de la campaña de comunicación que se realice sobre la consulta.

Además de que el gobierno dé cuenta de si va a atender el resultado de la consulta y cómo lo va a implementar para evitar que todo se quede sin más en un anuncio público. Y, por último, posibilitar que la Junta de Portavoces proponga la redacción de la pregunta en aquellos casos en los que la cuestión planteada se preste a confusión o carezca de fundamento; así como una mayor presencia ciudadana en la comisión de control, para equilibrarla con la presencia política.

Alegaciones. El plazo para presentarlas finaliza el próximo martes, pero la oposición ya ha registrado más de una veintena de enmiendas al texto del reglamento. Los socialistas han presentado diez, EH Bildu entre siete y ocho; dos Podemos, más las de Irabazi. El PP las presentará la próxima semana. Las propuestas más recurrentes hacen referencia a la necesidad de caminar hacia consultas vinculantes, así como fijar bien los mecanismos de control de las votaciones y someter a voto ciudadano los asuntos estratégicos y caros de la ciudad.