vitoria - De forma cíclica, en la capital alavesa el Impuesto de Bienes Inmuebles revuelve los cimientos de la ciudad. Primero fue el catastrazo, hace más de una década, después la exigencia de que se revisaran los valores oficiales de los pisos, y ahora que la Diputación lo ha hecho, la pelea pasa por adecuar el impuesto a la bajada del catastro, en contra de la opinión del gobierno municipal vitoriano y de buena parte de la oposición, partidarios de mantener los ingresos. Además, como factor añadido, está la actualización de precios de los pisos de VPO que el Ayuntamiento pidió en 2012 a la Diputación, que se ha materializado ahora, y que va a suponer subidas medias del 30% en el recibo para muchos vitorianos.

Esta tarde la Plataforma por un IBI más justo va a reunir a multitud de asociaciones vecinales y a sindicatos para analizar todo lo relacionado con este impuesto y consensuar una respuesta unitaria en un momento clave, pues los grupos municipales están en pleno proceso de remodelación del sistema fiscal en la ciudad, buscando el equilibrio entre una carga tributaria justa y el mantenimiento de la financiación del Ayuntamiento para prestar servicios a los ciudadanos.

En el cónclave de hoy se expondrá por primera vez al conjunto del movimiento vecinal las novedades en torno a un tributo muy sensible en la ciudad, pero que afecta a cada parte de la misma de forma diferente. Así, Salburua y Zabalgana apuestan por sacar a la gente a la calle si es necesario, siendo como son los barrios con más porcentaje de VPO de la capital alavesa. Resta ver qué posición adoptarán el resto de distritos, donde el peso de la vivienda protegida no es tan notable.

Quien más quien menos conoce en la ciudad lo que sucede. La vivienda vale menos que en 2005 pero el impuesto se quiere mantener en sus grandes cifras -queda por definir a quién se grava más y a quien menos-, y en el caso de la VPO la actualización de sus precios máximos va a suponer un súbito incremento del impuesto en 2016.

Sin embargo, hay matices que esta tarde se tratarán en la reunión de los vecinos de Gasteiz. Guillermo Perea, que lleva más de diez años en la pelea del IBI y que conoce los entresijos del impuesto a la perfección, desgrana el detalle de la polémica en torno a la subida del valor máximo de venta de los pisos protegidos. “Entre esas 20.000 viviendas -explica- las hay normales, y luego otras que son de precio tasado del Gobierno Vasco y otras tasadas también del Ayuntamiento”. El portavoz de la plataforma y también presidente de la asociación Zazpigarren Alaba señala que en el caso de las VPO normales, su valor, que se fija a través de los Presupuestos Generales del Estado, es de 120.000 euros para 80 metros cuadrados de superficie, “y apenas ha variado en seis años”. El Gobierno Vasco, en este caso, se limita a aplicar los baremos que le marcan desde Madrid. Sí tienen potestad en Lakua para retocar los valores de sus viviendas tasadas, “como las de la calle Bremen que están vacías, precintadas, y que le cuestan 350.000 euros al año en mantenimiento al Gobierno Vasco”.

Perea explica que en esta ocasión el malestar se concentra en Salburua y Zabalgana, donde se encuentran las promociones más nuevas de vivienda protegida, porque en barrios como Aranbizkarra, por ejemplo, a los vecinos de pisos de VPO, tasados en 140.000 euros y que cuentan con tres décadas de existencia, hace tiempo que les pasan recibos de 315 euros.

Así, teniendo en cuenta las particularidades de cada barrio, el problema general con el IBI tras la actualización del catastro, y el asunto concreto de las VPO, discurrirá esta tarde una reunión en la que “buscaremos una postura solidaria entre todos”.

Con la cita de hoy arranca una nueva batalla para la Plataforma por un IBI más justo, que en anteriores ocasiones ha convocado manifestaciones masivas, ha interpuesto recursos en las administraciones públicas, y ha comparecido en el Ayuntamiento o en las Juntas Generales para exponer sus posturas. De hecho, en la reunión de hoy se debatirá sobre la conveniencia de solicitar el uso de la palabra en la comisión de Hacienda para tratar de influir en las posturas de los grupos antes de que el tributo se fije en el Pleno municipal.

Por su parte, desde Zabalgana Batuz, que también participará en la reunión, se apuesta por convocar movilizaciones, pues “este barrio tiene un porcentaje de VPO muy alto, todo esto nos afecta mucho, sentimos una indignación total porque no puede ser que el valor catastral la vivienda esté bajando y nos estén subiendo el impuesto que supuestamente grava directamente la tasación de la vivienda”, señala Leila Martín, presidenta de este colectivo vecinal.

En Salburua Burdinbide, Ioseba Martínez de Guereñu considera “increíble que no se haya avisado de la subida, y sobre todo que haya dos varas de medir. Cuando es VPO se sube, y en la libre, que debería bajar el año que viene, lo mantenemos”. Por ello, el colectivo vecinal acudirá a la reunión de hoy a “escuchar y aunar esfuerzos entre todos, porque es verdad que este año nos afecta más a las VPO, pero el año que viene va a implicar a toda la ciudad, estamos todos afectados, y queremos pelear por nuestros derechos”.

geriátrico de arana Por otro lado, la Iniciativa Social por la apertura del Geriátrico de Arana ha reclamado al Tribunal Vasco de Cuentas que realice una auditoría del modelo de puesta en marcha de las residencias para dependientes de Lakua y Abetxuko, propiedad de las respectivas constructoras y que la Diputación alquila.

El nuevo IBI. Los valores catastrales han bajado en torno a un 40% tras la revisión de los mismos por parte de la Diputación, pero en el Ayuntamiento se apuesta por mantener la recaudación actual.

VPO. La actualización del precio máximo de la VPO se traducirá este año en subidas del recibo de en torno al 30%.

El portavoz de la Plataforma por un IBI más justo explica que en la cita de hoy se analizará el conjunto de las novedades relacionadas con el IBI en busca de puntos de encuentro entre todos los barrios.

La presidenta de Zabalgana Batuz denuncia que se suba el impuesto que grava el valor de las viviendas, aunque sean de VPO, cuando los valores catastrales han bajado.

En Salburua Burdinbide opinan que la subida a las viviendas protegidas supone aplicar “una doble vara de medir”, dada la rebaja de los valores catastrales.