gasteiz - Dos peticiones de comparecencia en dos días. El alcalde tendrá que explicar a los partidos de la oposición en el Ayuntamiento los planes de transporte público que, junto con el Gobierno Vasco, tiene para Zabalgana, de momento excluido de todos, y por qué este año va a cobrar casi un 30% más de IBI a veinte mil propietarios de VPO sin haberles informado de antemano.
Los recibos del catastro ya han comenzado a llegar a los buzones de los vecinos de los barrios nuevos, donde se concentra la vivienda protegida, y el susto no ha sido menor. Las asociaciones vecinales de Salburua y Zabalgana se quejan de que, precisamente, se grava el impuesto a las familias que tienen que adquirir una VPO porque el dinero no les llega para comprar un piso en el mercado libre, y no descartan movilizaciones. PP y EH Bildu, los dos principales grupos políticos de la oposición, exigen a Gorka Urtaran que eche para atrás esta fuerte subida del IBI. Y el diputado general, Ramiro González, también del PNV, vuelve a responder al alcalde que la Diputación nada tiene que ver en la decisión de incrementar este tributo y que es mera intermediaria, después de que el alcalde se escudara en el gobierno foral para justificar la falta de comunicación a los propietarios. Las arcas municipales ingresarán 1,1 millones más de euros con esta subida del IBI a las VPO.
Ante las críticas por la subida del IBI, Urtaran dijo ayer que su gobierno no tiene absolutamente ninguna responsabilidad porque no ha tomado ninguna decisión. “Esto parte de un plan iniciado por Maroto que solicitó a la Diputación la actualización de los valores máximos de venta de la VPO, que son los que se tienen en cuenta para el cálculo del IBI, y es la Diputación, a tenor de esa solicitud del PP, la que ahora adapta los valores”, insiste. “Nuestro gobierno no ha tenido nada que ver en esta subida”. A partir de ahí, “veremos cómo se puede resolver; analizaremos el impacto real que supone este incremento porque “hay familias a las que les puede subir mucho el recibo del IBI, pero por renta o por ser vivienda protegida, tienen bonificaciones”.
Miren Larrion y Antxon Belakortu, en cambio, ya han exigido a Urtaran que aparque su intención de subir el IBI a las VPO por tratarse de un incremento “injusto”, mas aún, cuando para ese ejercicio se ha congelado en todo Vitoria. EH Bildu considera que los afectados, los propietarios de los veinte mil pisos, tenían derecho a conocer si el impuesto que les gira el Ayuntamiento cada año iba a sufrir un incremento importante, y el Ayuntamiento, la obligación de informar. Sin embargo, “nos ha ocultado esta situación tanto en el debate de ordenanzas fiscales como en la negociación del Presupuesto”. La portavoz de la coalición soberanista entiende que el importe del IBI debe tratarse en el marco de la ponencia de fiscalidad en la que su grupo ya dejó claro que no debe repercutir en los vitorianos lo que PP y PNV perdonaron a los que más tienen, es decir, a las grandes empresas (en relación a la bajada del IAE). “El IBI se congeló, no vamos a aceptar subidas ocultas y, aún menos, a las VPO”. Además, tiene serias dudas de que el gobierno jeltzale se haya ajustado a derecho en su actuación al no notificar la subida del tributo de forma individual a cada uno de los afectados antes de finalizar el año inmediatamente anterior al cobro del nuevo valor.
El PP también exige dar marcha atrás a esta subida. Javier Maroto opina que hay margen de actuación, y plantea un fraccionamiento del pago que no necesite un consentimiento expreso del contribuyente. Que el Ayuntamiento gire ahora el 70%” del recibo y que el 30% restante quede en suspenso, para después introducir una bonificación del 28,3% y evitar la subida. “El principio universal de que si algo vale menos se debe pagar menos lo entendemos todos menos Urtaran”, criticó el viernes el portavoz del PP.
Por su parte, al diputado general de Álava, la polémica le ha pillado en medio. Por eso, González vuelve a recordar a Urtaran que la Diputación no es competente sobre el IBI, sólo “una mera intermediaria entre el Gobierno Vasco (que actualiza el valor de la VPO) y el Ayuntamiento (que fija el recibo del IBI), y que su papel no es informar a los afectados. “La Diputación ni siquiera sabe quiénes son los titulares de las viviendas de protección oficial de Vitoria”. El gobierno foral lo único que hizo -explica González- es comunicar al Ayuntamiento hace nueve meses los datos que le facilitó el Gobierno Vasco respecto a los nuevos valores de mercado de las viviendas de protección oficial que sirven para el cálculo del IBI. Y sobre el por qué la adaptación de los precios ha tardado tantos años, dice que “ésa cuestión tendrán que aclararla quienes gobernaron antes”.
Urtaran explica que la modificación del impuesto parte de un plan iniciado por Maroto, quien la pasada legislatura solicitó a la Diputación la actualización de los valores máximos de venta de la VPO. Considera el alcalde que, a partir de ahora, habrá que ver cómo afecta realmente la subida a cada propietario, ya que tanto los titulares de VPO como las familias con menos recursos pueden recibir bonificaciones.
El diputado general de Álava argumenta que no corresponde a su gobierno informar a los afectados por la subida, que el IBI es un impuesto de competencia municipal, y que el Ayuntamiento ya estaba informado.
La portavoz de EH Bildu critica a Urtaran por no informar a los afectados sobre la subida del IBI y por hacer que repercuta en los vitorianos que menos tienen el dinero que perdonó a los que más tienen al suavizar el IAE a las grandes empresas.
El portavoz del PP plantea un fraccionamiento del pago. Cobrar ahora el 70%, y sobre el 30% restante aplicar una bonificación para que no suba el recibo.
28%
Más de IBI pagan este año los dueños de VPO de los nuevos barrios. El Ayuntamiento recaudará 1,1 millones más de euros.