Vitoria - Los funcionarios que deniegan a la asociación contra la corrupción Adi Elkartea documentación sobre el caso San Antonio han recibido un toque por parte del gobierno municipal, y no es el primero, para que dejen de poner trabas a este colectivo ciudadano. Ya en la pasada legislatura Adi tuvo que recurrir a los tribunales, y ganó, para que el Ayuntamiento le facilitase el expediente sobre el contrato de alquiler del local de Gonzalo Antón, una operación que el lunes juzgó el Tribunal de Cuentas del Estado.
La asociación quería haberse personado en este juicio contable y precisamente no pudo hacerlo porque no tuvo acceso a la documentación necesaria. Sus integrantes creen que el caso podría tener recorrido penal y por ello quieren estudiar la información con respecto al mismo existente en el Ayuntamiento, pero ni con una sentencia judicial de por medio y el exhorto al personal técnico por parte del nuevo gobierno municipal ha conseguido Adi obtener todos los papeles que busca.
El propio alcalde dio orden al comienzo de la legislatura de que se facilitara a Adi toda aquella información que no esté protegida legalmente en torno al caso San Antonio, sobre el que el Tribunal de Cuentas se pronunciará en aproximadamente mes y medio. Los abogados de PNV y PSE han elevado su estimación del perjuicio causado a la institución por este alquiler en más de 850.000 euros. - T.D.
