en febrero de 2014 el Consejo de Ministros introducía una modificación en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas que era, en fondo y forma, una puerta abierta a la reapertura de Garoña. Tres meses después, Nuclenor solicitaba oficialmente la licencia de reactivación de la planta hasta 2031. El nuevo reglamento acordado por el Gobierno de Madrid permitía que, pese a la declaración del cese de actividad de Garoña, -anunciada en diciembre de 2012-, Nuclenor tuviera en su mano solicitar la renovación de la autorización salvo que existieran razones de seguridad que lo impidieran y siempre que no hubiera transcurrido más de un año desde la declaración del cese.

Así, y como los motivos aportados por Nuclenor -participada al 50% por Iberdrola y Endesa- para bajar la persiana de la central fueron puramente económicos, Garoña reabría la posibilidad de solicitar la renovación de la licencia. Oficializada la petición, el lobby nuclear estatal reclamaba “una mayor seguridad jurídica” y “estabilidad regulatoria” para que las centrales pudieran operar en el horizonte del largo tiempo. “Es la manera más sensata, racional y empresarial de planificar unas adecuadas inversiones, al tiempo que mejora los niveles de seguridad de las instalaciones y su funcionamiento”, aseguraba el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), Francisco López.

Por su parte, el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, aseguraba hace dos años que las razones económicas que motivaron en 2012 la parada de Garoña ya no existían porque el obstáculo que supuso el cambio en la legislación que concierne a la retroactividad de los impuestos a los residuos nucleares había desaparecido.

Ahora, Iberdrola señala, en palabras de su presidente Ignacio Sánchez Galán, a a la escasa rentabilidad de las centrales nucleares como argumento para promover su posible cierre definitivo. “El debate no es energía nuclear sí o no, sino si es segura o no, si es eficiente o no”, matizaba la semana pasada en una entrevista a la Ser. Todo mientras la presión social, reactivada notablemente desde la solicitud para la reapertura, ha focalizado sus esfuerzos en convencer a autoridades y eléctricas de la obligación de no levantar la persiana de la vetusta planta, que décadas después de su apertura sigue siendo epicentro de debates.