El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha mostrado hoy su esperanza de que en el caso del alquiler de San Antonio se haga justicia y se depuren responsabilidades porque "todos los vitorianos están convencidos de que no se defendió el interés general" con ese contrato.
Vitoria. Urtaran, en la presentación de una exposición sobre víctimas de la violencia, se ha referido al juicio contable que se celebra hoy en el Tribunal de Cuentas, que tendrá que dirimir si hubo un perjuicio económico para el consistorio vitoriano en el contrato de alquiler firmado por el gobierno municipal liderado por el exalcalde y ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, en 2007 de unos locales para albergar oficinas municipales.
En este caso también figura como demandado el actual secretario sectorial del PP Javier Maroto, que era el concejal de Hacienda en ese momento.
El actual alcalde de Vitoria, del PNV, ha dicho que ese contrato, que se fijó en 12.500 euros más IVA mensuales, cuando los técnicos del consistorio lo establecieron en 10.168 euros, "supuso y está suponiendo un daño económico importante para las arcas municipales, para el dinero de todos los vitorianos", que inicialmente se calculó en unos 500.000 euros y se impuso una fianza a los nueve miembros del equipo de gobierno municipal por este importe.
Se ha declarado "esperanzado" en lo que pueda resultar del juicio, entre otras cosas porque nadie pensaba que se iba llegar "hasta aquí".
Hoy la consejera del Tribunal de Cuentas debe dictaminar si se produjo perjuicio económico, algo "que toda la ciudadanía no duda que se ha producido", según Urtaran.
Sobre el hecho de que no tengan que comparecer en el juicio ni Alonso ni Maroto, Urtaran ha aclarado que es porque ninguna de las partes lo ha solicitado, lo que no quiere decir que la consejera vaya a concluir que no se produjo un daño contable que tengan que asumir los nueve miembros del equipo de gobierno municipal en 2007, entre ellos estas dos personas.
