Gasteiz - Más de cuatro millones de euros, en concreto 4,1, se han malgastado en Vitoria en los últimos años fruto de la “mala gestión” de sus dirigentes. Así lo denuncia al menos el grupo municipal de Podemos, que la semana pasada ponía en solfa cómo se ha llevado el fallido contrato para restablecer el alquiler de bicicletas en la ciudad, una adjudicación de casi seis millones de euros que nunca llegó a materializarse. La empresa que ganó el concurso acudió a los tribunales, ha ganado, y ahora habrá que pagarle 170.000 euros.

“Si la decisión política era no llevarlo a cabo, y podía ser adecuada, antes de la adjudicación se debía haber parado el proceso e indemnizar a la empresa por el gasto generado, y se hubiera cerrado el tema hace cuatro años con el pago de unos pocos euros”, critica el portavoz de Podemos en Gasteiz, Jorge Hinojal.

Efectivamente, el 5 de mayo de 2011 en el Ayuntamiento de Vitoria se celebró un consejo extraordinario del CEA en el que se adjudicó a la UTE Prisma Global-Moventia la contratación de la instalación, gestión y mantenimiento de un sistema automático de alquiler de bicicletas eléctricas por 5,7 millones de euros. Votaron a favor PP, PNV y Bildu, y se abstuvo el PSE, pero el contrato no llegó a firmarse porque no había dinero para pagarlo.

En enero de 2013 el Ayuntamiento renuncia definitivamente a firmar el contrato. En mayo, los servicios jurídicos del Consistorio certifican que la institución está obligada a pagar los gastos derivados de su renuncia a implantar las bicis de alquiler, pero el informe nunca llegó al consejo del CEA, que por tanto no se pronunció sobre la cuestión. La UTE decide entonces llevar el caso a los tribunales, y a mediados del año pasado se publica una sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar a Prisma y Moventia 50.565 euros, más los intereses correspondientes desde el 24 de abril de 2013. La UTE no está de acuerdo, recurre, y el pasado mes de febrero el juez falla que además de los intereses el Ayuntamiento debe pagar las costas del proceso. Hinojal denuncia que si se hubiera abonado en su día la cantidad que la UTE reclamaba legítimamente no habría que haber pagado unos intereses de en torno al 5% anual ni las costas judiciales.

Este asunto es el más pegado a la actualidad, por lo reciente de la última sentencia, pero Podemos censura que este tipo de circunstancias son demasiado comunes en un Ayuntamiento que ahora se las ve y se las desea para cuadrar su Presupuesto.

Otro caso. El alquiler de las oficinas de la calle San Prudencio donde se ubicaban hasta hacer poco varios servicios municipales vence el año que viene y se paga religiosamente cada mes, pero el edificio está vacío porque los trabajadores se han mudado hace ya tiempo a las nuevas dependencias municipales de San Martín. En total, Vitoria abonará al propietario del edificio deshabitado 700.000 euros sin darle uso alguno. “Cuando proyectamos el nuevo ayuntamiento podíamos haber pensado qué hacer con ese contrato”, denuncia Hinojal.

Hay más, como por ejemplo el récord Guinness de la tortilla de patata más grande del mundo, que nunca llegó a certificarse. La cuestión, señalan en Podemos, es que desde el primer día se sabía que Vitoria no podía batir dicha marca. El episodio, que además se propagó a nivel estatal en forma de sainete, le ha supuesto a la ciudad un gasto de otros 120.000 euros. “Nos sale a medio euro por cabeza, cuando se sabía de antemano que no iba a salir adelante. Fue un tema de bombo y platillo, de publicidad del anterior equipo de gobierno, no se fue responsable, se sabía que no se iba a conseguir y se siguió adelante”, afirma Hinojal.

Hay otro concepto que suma más euros a esta gestión que critica el grupo de Podemos. El Ayuntamiento de Vitoria debe a día de hoy 200.000 euros no consignados en su día por la ampliación del tranvía a Abetxuko.

Sin embargo, “lo más sangrante” para Podemos es el caso de las diversas sentencias que el Ayuntamiento ha perdido en los tribunales y que han terminado costando 3,2 millones de euros sólo en intereses; 600.000 por la urbanización de Ibaiondo, 2,1 millones por las expropiaciones de Olarizu, y otros 560.000 euros por las adquisiciones de terrenos para las obras contra las inundaciones en Gamarra. “Hay que hacer frente a ello, pero el pago se debió hacer cuando salió la sentencia. Si hubiera salido a favor habríamos cobrado los intereses, y al salir en contra ya estaría el pago hecho”, explican en el grupo de Podemos.

Alquiler de bicicletas. El Ayuntamiento tiene que abonar a las empresas Prisma Global y Moventia 170.000 euros por anular el contrato de seis millones de euros para la reinstauración de la bicicleta pública en Vitoria. El servicio acabó descartándose por falta de fondos.

Renta en San Prudencio. La ciudad pagará 700.000 euros por el alquiler de las oficinas municipales de San Prudencio, que llevan meses vacías.

La tortilla de patata. El récord que no fue, y que desde un principio se sabía que no iba a ser, según denuncia el grupo municipal de Podemos, ha costado a las arcas públicas 120.000 euros.

El tranvía de Abetxuko. Por esta obra todavía le toca abonar al Consistorio de la capital alavesa 200.000 euros.

Intereses por sentencias. En total hay que abonar 3,2 millones de euros por los intereses de las sentencias de las expropiaciones de Olarizu (2,1 millones de euros) y Gamarra (560.000 euros), y por la urbanización de Ibaiondo (600.000 euros).

El portavoz del grupo municipal de Podemos critica que las decisiones tomadas hace años le están suponiendo un gasto importante al Ayuntamiento de Vitoria en tiempos de dificultades económicas.

4,1

Millones de euros tiene que pagar el Ayuntamiento de la capital alavesa en la actual legislatura por actuaciones de anteriores periodos de gobierno que, a juicio del grupo municipal de Podemos, fueron irresponsables.