gasteiz - El Ayuntamiento busca una vivienda en buenas condiciones para la anciana de 83 años desalojada del número 38 de la calle Santo Domingo por el estado de ruina que presenta este edificio del Casco Viejo. El Síndico realizó un llamamiento al gobierno de Urtaran para que la realojara en un piso de alquiler de los muchos vacíos de que dispone, después de que la familia haya denunciado en varias ocasiones ante el defensor vecinal que sólo había recibido buenas palabras, pero ningún alojamiento, como ya publicó este periódico. Sin embargo, el Ayuntamiento niega que se haya desentendido del caso y desatendido a la afectada. “La familia ha estado informada y al tanto de todas las gestiones realizadas desde 2004”, explican desde la institución municipal. Detalla el Ayuntamiento que en distintas ocasiones les ofrecieron soluciones de vivienda, pero las descartaron. Ahora se está buscando una vivienda que reúna las condiciones requeridas, esto es, que esté en la misma zona y sea accesible, para fijar el precio a pagar por el realojo en un piso de titularidad municipal.

La orden de desalojo se realizó por motivos de seguridad ante el pésimo estado de la vivienda en la que habitaba la anciana debido al importante deterioro del forjado de las plantas superiores y a las continuas filtraciones de agua en el inmueble. El Ayuntamiento niega igualmente que haya habido descoordinación entre los distintos departamentos municipales (Políticas Sociales, Hacienda y Ensanche 21) como apuntaba el Síndico en su informe. Y puntualiza que, según consta en los expedientes municipales, los servicios sociales han atendido este caso desde 2004, y más recientemente desde el mes anterior a la firma de la orden de desalojo. “Tanto los servicios sociales, como Edificaciones, Hacienda y Ensanche 21 han actuado con rigor y celo. No en vano, el expediente data de hace siete años, y la relación de la afectada con los servicios sociales por este asunto, desde hace doce”, insiste el Ayuntamiento, quien apunta que el síndico, Martín Gartziandia también conocía todos los pormenores del caso.

En enero de 2004, la familia se puso en contacto con los servicios sociales de El Campillo y se le ofreció la posibilidad de trasladar a su madre a un apartamento tutelado para la tercera edad, oferta que declinó en febrero. Volvieron a contactar con los servicios sociales cinco años después, y en diciembre de 2009 los servicios sociales se reunieron con la afectada porque temía que derribaran su casa. Le volvieron a informar sobre los pisos tutelados y le invitaron a acudir a la ya desaparecida ARICH para exponer su problema y negociar una salida. Es en diciembre de 2015 cuando la familia volvió a contactar con el Ayuntamiento para pedir información sobre pisos tutelados o de VPO porque la casa ya había sido declarada en ruina. Pero entonces, la anciana ya no cumplía los requisitos por superar la edad máxima establecida. Ante este obstáculo, se les orientó para que consultasen en Etxebide sobre la posibilidad de un alquiler social. Además, se les dijo que se valorarían otras alternativas y se les mantendría informados -puntualizan desde Políticas Sociales-. Tampoco se le pudo ofrecer plaza en una residencia del Ayuntamiento porque la anciana tenía reconocido un grado de dependencia. Los contactos con la familia prosiguen en enero de 2016 y, el mes pasado, los servicios sociales entrevistaron a la anciana, que llevaba dos años sin salir de su domicilio. Es entonces cuando se recogen los datos sobre su situación personal, social, económica y familiar, y se elabora un informe para que Hacienda pueda encontrarle una vivienda, tarea en la que está en estos momentos.