gasteiz - A sus 83 años, el Ayuntamiento le ha obligado a abandonar su casa porque ha declarado en ruinas el edificio de la calle Santo Domingo en el que residía. Un inmueble de cinco pisos con ella como única inquilina para afrontar todos los gastos de la rehabilitación que le exigían. Y a pesar de las decenas de pisos que el Consistorio tiene vacíos en Vitoria, le han negado un alquiler que está dispuesta a pagar, según denuncia la familia.
La oficina del Síndico se ha hecho eco de su problemática, en la que lleva seis años trabajando, y, ante la urgencia del caso, pide al Ayuntamiento que le ofrezca una de las muchas viviendas vacías de las que dispone en la ciudad. De momento, ha recibido buenas palabras y ninguna solución. “He de subrayar que esta persona en ningún momento ha pretendido que el Ayuntamiento le facilite una vivienda de forma gratuita. Es más, siempre se ha mostrado, tanto ella como sus familiares, dispuestos a pagar una renta ajustada a sus ingresos”, destaca Martín Gartziandia en su solicitud al Consistorio. Un caso particular que lleva al defensor vecinal a extrapolar la situación a otras situaciones similares que se puedan dar en Gasteiz, y urgir al Ayuntamiento a elaborar un protocolo de actuación que ofrezca realojo a los afectados en caso de que su casa sea declarada en estado de ruina. Recomienda que adopte las mismas medidas, por ejemplo, que ha tomado en momentos de ejecuciones hipotecarias para dar una alternativa a los deshauciados.
Todo comenzó hace seis o siete años cuando el Ayuntamiento comprobó el mal estado del número 38 de la calle Santo Domingo, en el Casco Viejo. Una vieja casa que necesita un arreglo urgente para que no se desplome. Sin embargo, en toda la comunidad sólo residía esta mujer de 83 años. Sólo pagaban la cuota de la comunidad ella, el propietario de una lonja y una entidad financiera, dueña de uno de los pisos. Y como no había dinero, no pudieron atender la exigencia del Ayuntamiento de hacer obra para rehabilitar el edificio. Fue entonces, en 2012, cuando la hija de la afectada acudió por primera vez a la oficina del Síndico en busca de amparo, y el anterior defensor vecinal dictó una recomendación a la que el Ayuntamiento no hizo caso. Pensó entonces el entonces síndico que con su toque de atención había conseguido parar el tema de las multas, pero de nuevo han empezado a reclamar otra vez el pago de las sanciones y le han ejecutado dos embargos en la cuenta de la comunidad. Acudió al Ayuntamiento en busca de ayuda, le dijeron que Urbanismo se pondría en contacto con ella, pero desde entonces no tiene noticias. “Mi madre sola no puede ejecutar la obra de cinco pisos”, incide la hija. Además, “en su día entendió que el edificio no se declaraba en ruina porque residía una persona, y el día que se desocupara, lo derribarían, pero sin cobrarle nada”, apunta.
El Ayuntamiento, sin embargo, continuó con sus inspecciones periódicas porque hay filtraciones de agua, que no saben de dónde proceden. “Cerraban la llave general del agua para que el problema no se agravara y mi madre tenía que pasar la mayor parte del día sin agua”, explica la hija. Además, el contador es único en todo el inmueble y paga de agua más de cien euros al trimestre. Por ello preguntó si cabría la posibilidad de que el Ayuntamiento realojara a su madre, pero la respuesta fue negativa. Posteriormente, recibió una notificación en la que le daban un plazo de cinco días para desalojar su casa por amenaza inminente de ruina de la vivienda. Eso fue el 28 de enero, con fecha 3 de febrero para abandonar el piso. Entonces, el Síndico medió para que el Ayuntamiento prorrogase el deshaucio y encontrar un alojamiento alternativo a la anciana pero, dado el estado de la vivienda, le dijeron que no era posible prorrogar el plazo sin asumir un alto riesgo de desplome. Finalmente, la mujer tuvo que abandonar su piso el 2 de febrero. Desde entonces, el edificio permanece vacío y precintado.
El defensor vecinal volvió a intentar que el Ayuntamiento realojara a la mujer para paliar, o minimizar en lo posible, los efectos traumáticos que una situación de este tipo produce en cualquiera, y en especial en una persona de 83 años, tal y como los miembros de la oficina del Síndico pudieron comprobar en una visita que hicieron al domicilio, pero tampoco fue posible, ya que los servicios sociales no tenían ni idea de este caso ni de cuál era la situación real de esta ciudadana.
El Ayuntamiento se comprometió a ofrecer un realojo en tres o cuatro semanas, una vez determinadas las circunstancias personales y sociales de la señora que, mientras tanto, se fue a vivir temporalmente a casa de una de sus hijas. Desde entonces, sin embargo, han sido muchas y muy diversas las gestiones hechas por el Síndico. Explica Gartziandia que en el Ayuntamiento todos los departamentos responsables están al corriente de la situación; que tanto Hacienda como Ensanche 21 y Políticas Sociales afirman disponer de viviendas vacías preparadas para realojos, pero aún nadie ha cedido una de esas casas a esta mujer de 83 años. “Al margen de buenas palabras, no hemos logrado que el Ayuntamiento ponga sobre la mesa una vivienda”, reconoce. “A decir verdad, ni siquiera nos acaba de quedar claro a estas alturas qué departamento habría de acordarlo ni por orden de quién”, lamenta, tras cuatro años de fracasados intentos para dar una salida a esta mujer desalojada de su domicilio declarado en ruina.
Desalojo. Una mujer de 83 años reside en un edificio en ruinas del Casco Viejo. Es la única inquilina y no puede abonar todo el gasto que implica rehabilitar una vivienda de cinco pisos. El Ayuntamiento declara en ruinas el edificio por miedo a que se caiga y ella tiene que abandonarlo. Pide poder realojarse en un piso de alquiler de los que el Ayuntamiento tiene vacíos, pero le dicen que no.
Lamenta el Síndico que, aunque todos los departamentos implicados (Hacienda, Ensanche 21 y Políticas Sociales) conocen el caso y confiesan disponer de viviendas vacías para realojos, cuatro años después ninguno ha puesto a disposición de esta mujer un piso.
Subraya el defensor vecinal que, tanto la afectada como su familia, en ningún momento han pretendido que el Ayuntamiento le proporcione alojamiento gratuito sino todo lo contrario: “Tanto ella como sus familiares están dispuestos a pagar una renta ajustada a sus ingresos”.
5
Días de plazo dio el Ayuntamiento a una mujer de 83 años para que abandonara su vivienda de la calle Santo Domingo de Vitoria debido a su estado de ruina, situación que el Ayuntamiento ya conocía desde hace seis o siete años.
