Las Juntas Generales de Álava han aprobado hoy instar al Ministerio de Justicia a que solicite la información relativa a todas las inmatriculaciones hechas por la Iglesia católica en este territorio desde 1946 hasta la actualidad y que remita dicha información a las instituciones y entidades afectadas.
Vitoria. Asimismo, la moción aprobada en el pleno foral insta al Obispado de la Diócesis de Vitoria a que "devuelva los bienes inmatriculados indebidamente a los ayuntamientos y concejos alaveses a los que correspondan".
Un informe remitido recientemente al Parlamento Vasco cifraba en más de medio millar las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en Euskadi entre 1978 y 2015, año en el que una ley estatal derogó esta figura.
El procedimiento permitía a la Iglesia adquirir propiedades sin coste, a excepción de una cantidad simbólica por la tramitación, y sin necesidad de demostrar la pertenencia de dichos bienes.
En el caso de Álava, los bienes adquiridos por la Iglesia a través de este procedimiento desde 1978 ascienden a 69.
El texto ha salido adelante en el parlamento provincial con la única abstención del PP y del juntero de Ciudadanos, Miguel Ángel Carrera, ahora adscrito al grupo mixto. La propuesta definitiva ha sido transada por los grupos y modifica la moción inicial presentada por EH Bildu que pedía "acabar con el expolio que ha venido realizando la Iglesia Católica" en el territorio alavés.
El texto aprobado también insta a la Diputación Foral de Álava a que "asesore a las entidades locales que así lo soliciten" en el proceso que puedan iniciar en relación con las inmatriculaciones hechas a su patrimonio.
Las Juntas Generales piden asimismo a la Diputación y al Gobierno Vasco que informen "sobre las cantidades y objetivos de todas las partidas económicas otorgadas desde 1978 para el mantenimiento y la reparación de todo tipo de bienes privatizados en Álava por el Obispado de Vitoria".
Por último el pleno insta al Gobierno de España "a la suspensión definitiva del Concordato de 1953" así como de los acuerdos posteriores que firmó el Estado español con la Santa Sede entre 1976 y 1979.
Este último punto de la moción ha sido aprobado con la abstención de PP y PNV y el voto contrario del procurador antes adscrito a Ciudadanos y que ha sido expulsado del partido.
No es el primer pronunciamiento de las instituciones alavesas en este sentido, ya que el pleno del Ayuntamiento de Vitoria celebrado el pasado mes de febrero también instó a los gobiernos de Euskadi y España a solicitar al Decanato de Registradores de la Propiedad y Mercantiles del País Vasco "que recabe el listado de todas las inmatriculaciones" realizadas por la Iglesia católica en el País Vasco "desde la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria de 1946".
