El tribunal de cuentas juzgará a maroto y alonso el 11 de abril

Eso sí, las únicas acusaciones que defenderán la supuesta mala gestión de Alonso y Maroto serán el PNV, el PSE y el propio Ayuntamiento, pues en la vista previa celebrada ayer el Ministerio Fiscal anunció que no formulará demanda contra los dos políticos populares y el resto de ediles de esta formación en febrero de 2007, cuando se autorizó la firma del contrato.

A escasos meses de las elecciones municipales que sacaron de la Alcaldía a Alfonso Alonso, el ahora ministro de Sanidad en funciones firmó un contrato de alquiler con Antón con unas condiciones notablemente diferentes a las que recomendaron los técnicos municipales. El informe de valoración del Ayuntamiento fijó una renta mensual máxima de 10.168,19 euros, IVA no incluido, y actualizaciones anuales en función del IPC, además de señalar que el pago de los gastos de comunidad los debía pagar el arrendador. Sin embargo, Alonso y Antón acordaron el pago de 12.500 euros mensuales, contraviniendo el informe municipal de valoración, pero no sólo elevaron en 2.333 euros la renta, sino que además establecieron actualizaciones anuales de hasta 9 puntos por encima del IPC. El contrato cargaba además los gastos de comunidad, el pago del IBI y el abono de las obras en el arrendatario -que ejecutó el propio Antón- al Ayuntamiento. En los veinte años de duración que estipulaba el documento el empresario se iba a embolsar más de seis millones de euros, y si el Consistorio decidía marcharse del local antes de vencer dicho plazo, también. El contrato estaba blindado, hasta el punto de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento desaconsejaron al siguiente gobierno municipal, del PSE, llevar la cuestión a los tribunales.

Así pues, todos los miembros de la Junta de Gobierno de principios de 2007 -Alonso y Maroto, Idoia Garmendia, Alfredo Iturricha, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos-, y los siguientes concejales de Hacienda, Marian Gutiérrez y Manu Uriarte, han tenido que depositar de forma solidaria una fianza por el mencionado medio millón de euros, que se les devolverá si resultan absueltos. Si se concluye que hubo responsabilidad contable, el dinero irá a parar a las arcas municipales.

Por otro lado, el pasado viernes Maroto dijo, en relación a los casos de corrupción que afectan al Partido Popular, que se debe hacer “una purga” aunque ésta “se lleve a quien se lleve por delante”, informa Europa Press.

“¿Si le condena el Tribunal de Cuentas va a purgarse, como dijo, se va a retirar de la política si se demuestra que no actuó en defensa del interés de Vitoria, y sí en defensa del interés de un particular?”, se preguntó ayer el actual alcalde vitoriano, Gorka Urtaran, al respecto.

“¿a cambio de qué?” Por otro lado, el colectivo ciudadano contra la corrupción ADI! anunció ayer que estudia llevar el caso San Antonio al ámbito penal. A esta asociación le hubiera gustado estar ayer en la sede del Tribunal de Cuentas de Madrid, personados en la causa, pero cuando pidieron al Consistorio el expediente sobre el asunto para poder ponerse al día, el entonces alcalde, y ahora encausado, Javier Maroto, les denegó el acceso a esta información, y no pudieron por tanto sumarse a la demanda.

Así pues, ayer siguieron la vista previa al juicio contable a distancia, aunque su objetivo no es tanto conocer qué pasó después de firmar el contrato, que es lo que investiga el Tribunal de Cuentas, como qué sucedió antes. Su intención es trasladar el caso al ámbito penal, que no es incompatible en ningún caso con la investigación contable que se está llevando a cabo. “La comisión de investigación que tuvo lugar en el Ayuntamiento puso de manifiesto un trato de favor, y para que tenga repercusión penal hay que saber a cambio de qué, sólo sabemos que se pagó una millonada a Antón con un contrato blindado y en un tiempo récord”, señaló a este diario Unai Mendizabal, abogado que asesora a ADI!.

El colectivo creado para luchar contra la corrupción es consciente de que “normalmente la gente no hace estas cosas para que se aireen”, y que por tanto no será sencillo depurar responsabilidades penales si las hubiere, pero ADI! no descarta, señaló ayer la asociación, acudir a la Justicia ordinaria. “Una cosa no quita la otra, lo que hace el Tribunal de Cuentas si ve indicios de delito es en vez de celebrar el juicio contable remitirlo a la Fiscalía para que se empiece por la vía penal”, señalaba Mendizabal. Según insistía ayer la asociación, “a día de hoy nadie ha presentado una denuncia formal de los hechos en juzgado alguno, por lo que no puede nadie afirmar que el tema haya sido archivado como en su día afirmaron con profusión tanto Javier Maroto como otros representantes políticos del PP”.

El juicio. Tras la vista previa celebrada ayer, el Tribunal de Cuentas estableció para el 11 de abril la celebración del juicio contable contra los exalcaldes de Gasteiz Alfonso Alonso y Javier Maroto por el alquiler de las oficinas de la calle San Antonio al empresario Gonzalo Antón.

El alcalde de la capital alavesa recogió el guante lanzado el viernes por Javier Maroto, quien reclamó una “purga, se lleve a quien se lleve por delante” ante los casos de corrupción del Partido Popular.

La asociación creada para combatir la corrupción en el territorio alavés anunció ayer que estudia llevar el caso a los tribunales penales, que se inhibieron a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Cuentas.

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Millones de euros tuvieron que depositar como fianza los ediles investigados por el Tribunal de Cuentas. Esa es la cantidad que según este órgano fiscalizador pudo haber perdido la capital alavesa como consecuencia del alquiler de las oficinas de Gonzalo Antón.