El presidente del PP de Álava, Javier de Andrés, ha considerado una "cierta inmoralidad" mantener vivo el caso San Antonio, que afecta, entre otros, al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al secretario sectorial del PP, Javier Maroto.
Vitoria. De Andrés, en una comparecencia ante los medios de comunicación hoy en Vitoria, se ha referido a preguntas de los periodistas a la audiencia previa que va a celebrar el próximo lunes el Tribunal de Cuentas por el citado caso, en el que se investiga el alquiler gravoso de una oficina firmado por el ahora ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco cuando era alcalde de Vitoria.
El presidente de los populares alaveses ha recordado que la Fiscalía de Álava archivó la denuncia existente sobre este asunto porque, en aquel momento no vio ilícito penal alguno y porque este caso ya estaba siendo investigado por el órgano fiscalizador, aunque advirtió de que podría abrir diligencias si el Tribunal de Cuentas veía un posible delito.
De Andrés ha insistido en que la Justicia "ya dijo que no había ninguna responsabilidad" y ha opinado que hay "cierta inmoralidad" en el "ánimo de mantener vivo algo que sobre lo que la Justicia ha dicho que no hay nada".
A su juicio, es "tan importante desvelar los casos de corrupción que se puedan producir" en diversos ámbitos de la vida pública, como "respetar a las personas que actúan honestamente", como, ha afirmado, en este caso, en el que "ya se ha demostrado que no se han vulnerado en modo alguno los intereses de la Justicia y las obligaciones de la legalidad, como era preceptivo".
Por otro lado, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), ha mostrado su deseo de que, "de una vez por todas, se vaya resolviendo este asunto" de forma que se llegue "hasta el final".
En ese sentido, se ha comprometido a seguir defendiendo el interés general porque a su juicio "no se defendió el interés de la ciudad" al firmar un contrato que fue "absolutamente lesivo para Vitoria y beneficioso para un particular".
Urtaran ha asegurado asimismo que hay que aguardar a la decisión del Tribunal de Cuentas para esclarecer si se produjo "un alcance económico para la ciudad", algo que a su juicio "es claro". En ese caso ha mostrado su confianza de que "se pueda resarcir de alguna manera al Ayuntamiento de Vitoria".