Burgos - El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rechazado un recurso de la propietaria de la central de Garoña (Nuclenor) y da la razón a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que estableció que la planta no puede devolver al Ebro el agua que utiliza en su refrigeración a más de 30 grados, por lo que tendrá que construir una torre de refrigeración, infraestructura que requerirá de una inversión que podría alcanzar los 20 millones de euros.

El Tribunal desestima así al recurso planteado por Nuclenor, empresa subsidiaria de las multinacionales eléctricas Iberdrola y Endesa, que la controlan al 50%, y obliga a la planta atómica a implantar el nuevo equipamiento, según recoge la sentencia.

La Confederación Hidrográfica del Ebro, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, estableció en 2013 que el agua no podía volver al embalse de Sobrón, en el Ebro, a más de 30 grados y, en cualquier caso, no podía calentarse más de tres. Este pronunciamiento de la Confederación se produjo tras una denuncia de Greenpeace que aseguraba que el citado embalse, ubicado en Álava, alcanzaba temperaturas casi tropicales y era un nido de especies invasoras, como el mejillón cebra.

Según indica Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, la central sólo tiene dos opciones para cumplir las condiciones que impone la CHE y el TSJCyL ahora. Éstas pasan por construir una torre de refrigeración, con un coste de entre 10 y 20 millones de euros, o parar la planta cada vez que supere la temperatura máxima, lo que sería más costoso y complicado.

Se da la circunstancia de que la central nuclear ubicada en el Valle de Tobalina, en la muga territorial entre Burgos y Álava, obtuvo una concesión de la CHE para tomar agua del Ebro, que utiliza para refrigerar el reactor, lo que requiere unos 25.000 litros por segundo, que suponen 67 hectómetros cúbicos al mes.

Castejón reconoce que los nuevos sistemas para refrigerar el agua antes de devolverla al cauce fluvial son ahora más baratos que hace unos años, al sustituir las grandes torres por sistemas modulares, más pequeños y baratos, como los de las nucleares de Zorita y Almaraz.

Además, asegura que los grupos ecologistas están “muy preocupados” porque están viendo muchos movimientos en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que está acelerando procedimientos y aprobando especificaciones técnicas que dan por sentado que la central seguirá activa al menos hasta los sesenta años, hasta 2031. Castejón teme que no sea una decisión autónoma del CSN, sino que responda a “presiones” del Gobierno para acelerar la autorización solicitada por Garoña para seguir operando, aunque la planta lleva parada desde diciembre de 2012.

En su opinión, la decisión del Ministerio de Industria respecto al futuro de Garoña debería adoptarse en la próxima legislatura, porque si el CSN, “dejarían las manos atadas a un futuro Gobierno”. - Efe/DNA