En un territorio como el alavés, con 336 concejos, las posibilidades de que algún presidente salga rana es simple cuestión de estadística. Por fortuna, en Álava la gran mayoría de las juntas administrativas, uno de los últimos ejemplos de democracia directa y participativa, cumple con su histórica y crucial labor a pie de calle sin grandes sobresaltos ni actuaciones polémicas, aunque en los últimos tiempos se han producido algunos casos que acabaron saltando a la actualidad por motivos equivocados.
Por un lado, el concejo de Aretxabaleta, investigado por el Tribunal Vasco de Cuentas por presuntas irregularidades acaecidas entre 2004 y 2013 relacionadas con la venta de unos terrenos propiedad del pueblo, y con un presidente que sumaba 16 años sin presentar las cuentas del concejo a la Diputación. Cuando su sucesor al frente de la junta administrativa de Aretxabaleta tomó las riendas del concejo se encontró las arcas vacías, con apenas 150 euros, pese a que en años anteriores se habían obtenido ingresos millonarios por la venta de terrenos. En total, la investigación halló un descubierto de fondos públicos de casi un millón de euros.
Más reciente es el caso del concejo de Caranca-Mioma, que suma dos años sin presidente electo porque tras las últimas elecciones a las juntas administrativas, celebradas en diciembre de 2013, el elegido ni tomó posesión de su cargo ni realizó ninguna actividad, enfrentado desde tiempo atrás a buena parte de los vecinos del pueblo. Unos vecinos que, tras casi dos años viviendo en un concejo paralizado, decidieron el pasado 30 de agosto tomar cartas en el asunto y convocar motu propio una asamblea vecinal para establecer entre ellos una comisión gestora con la que poner en marcha la junta administrativa, aunque sea sin el ausente y despreocupado presidente.
Así las cosas, para evitar casos similares que ejerzan de ovejas negras para el resto de entidades locales del territorio, la Diputación alavesa quiere actualizar durante esta legislatura la norma de concejos para mejorar la tutela del ejecutivo foral sobre ellos y poder prevenir antes que curar.
Para ello quieren, en primer lugar, introducir la figura de la moción de censura al presidente de una junta administrativa, algo que no existe como tal en la actualidad. Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que auditar las finanzas de los 336 concejos alaveses es poco menos que imposible, el gobierno foral pretende establecer un sistema de control anual de la contabilidad de estas entidades locales.
Una fórmula similar a la que acomete el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas con los ayuntamientos vascos y que consistirá en seleccionar anualmente de forma aleatoria a un puñado de concejos para fiscalizar sus cuentas y buscar posibles irregularidades. Y es que, aunque todos los concejos del territorio están obligados a presentar sus números a final de año a la Diputación, hasta ahora el control foral se limita a dar fe de su recepción y no tanto a escudriñarlos en profundidad.
Según explica a este periódico la teniente de diputado general y diputada de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial, Pilar García de Salazar, el objetivo que busca con esta propuesta es actualizar la norma de concejos para que, en materia económica, exista “un sistema aleatorio de control económico-financiero que no hay hoy en día y que habrá que acordar, auditando la contabilidad de, por ejemplo, doce concejos al año, de forma aleatoria, la igual que sucede con el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y los ayuntamientos”.
Por su parte, en relación a los vacíos de poder que se han producido en concejos como el de Caranca-Mioma y las fórmulas para impedirlos, García de Salazar incide en el hecho de que hasta ahora tampoco hay “ninguna herramienta que sirva para poner fin ese tipo de problemas con un presidente que no toma posesión de su cargo, no presenta las cuentas y ni siquiera convoca una sola reunión”. “La moción de censura serviría para poner freno a esas situaciones”, subraya la diputada.
La propuesta de actualización de la norma de concejos se une así a otras iniciativas adelantadas por el departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial para ejecutarse durante esta legislatura, como la introducción también de algunos cambios, previo necesario consenso en la Cámara foral, en la norma foral del Fofel.
Una medida que Pilar García de Salazar avanzó en una reciente entrevista a este periódico con la que la Diputación alavesa quiere variar los parámetros sobre los que se establece el reparto del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales, de forma que el porcentaje de dinero que se destina a las entidades se pueda redistribuir en base a variables más actualizadas. Variaciones para las que, en cualquier caso, el gobierno foral necesitará el apoyo explícito de otros grupos políticos en las Juntas Generales de Álava.
