GASTEIZ. Mari Luz, natural de Bolivia, lleva 14 años viviendo en la capital alavesa y desde 2008, cuando se divorció, saca adelante a sus hijos -de 18, 21 y 22 años- ella sola, ya que hasta el año pasado no ha conseguido que su exmarido haga frente al pago de la pensión de sus hijos (por cada vástago paga alrededor de 80 euros).
La empresa Arquisocial, que gestiona el servicio de ayuda a domicilio, la hizo fija en 2008 pero en 2013 su sueldo pasó de unos 1.200 euros al mes a alrededor de 800 aunque trabaja las mismas horas, entre 10 y 12 al día.
Cuando Alokabide le concedió en 2011 una vivienda de tres habitaciones en alquiler en Zabalgana podía hacer frente a los gastos sin problemas pero al ver mermados sus ingresos no ha podido hacer frente a los pagos (renta, 300 euros; gastos comunidad, 100; luz, calefacción y agua, otros 100) y acumula una deuda de 3.600 euros con la sociedad pública del Gobierno Vasco que gestiona el alquiler social.
Alokabide le ofreció una posibilidad de que pagara la deuda de forma aplazada pero estuvo de baja varios meses y el sueldo bajó aún más, con lo que no pudo hacer frente al compromiso.
En octubre recibió una carta del juzgado que le comunicaba que será desahuciada el próximo 18 de diciembre por impago del alquiler y tras pedir ayuda al Kaleratzeak Stop Araba, este colectivo escribió hace diez días al consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, para exponerle el caso y pedirle que el Gobierno vasco le asigne un piso y evitar así que se quede en la calle.
Arturo Val, miembro de Kaleratzeak Stop Araba, ha denunciado que las administraciones públicas dan la imagen de que apoyan a los colectivos en riesgo de exclusión, como las mujeres solas con hijos a su cargo, pero ha advertido de que a la hora de la verdad, se ven en la calle porque no hay voluntad política.
Val ha opinado que no se debe echar a nadie a la calle porque no pueda pagar la renta ya que no se trata de gente que tiene mala fe y que quiere eludir sus responsabilidades, sino que se trata de trabajadores que no llegan a fin de mes.
El Ayuntamiento de Gasteiz también ha sido informado del caso pero de momento tampoco hay una contestación oficial. La asistenta social le ha ofrecido a Mari Luz cupones para que vaya con sus hijos al albergue municipal.
Desde el colectivo que la defiende han recordado que, según la Ley de Vivienda aprobada el año pasado, tiene derecho a que le faciliten un hogar, ya que hay riesgo de exclusión social.
Por último, Val ha advertido de que Alokabide es responsable de 121 desahucios desde enero del año pasado y ha dicho que no son por problemas de convivencia o porque sean deudores de mala fe.
En este sentido, ha explicado que Alokabide gestiona viviendas de propiedad pública, por lo que debería tener en cuenta criterios sociales, en lugar de funcionar como una empresa privada, aplicando la Ley de Arrendamientos Urbanos como si fueran propietarios privados.
