Vitoria - La gestión de los residuos de las cuadrillas alavesas fue una de las patatas calientes que el anterior ejecutivo foral del PP dejó a sus sucesores antes de abandonar el sillón de la Diputación. Lo hizo, además, con una fecha límite, el 31 de diciembre, y ninguna vía de solución clara en el horizonte para enmendar un problema que se remonta al pasado 1 de junio. Desde esa fecha, las cuadrillas deben enviar sus residuos no a la planta de Gardelegi, como llevaban haciendo durante años, sino a la de Jundiz.

Una decisión, tomada por el gabinete de Javier Maroto en base a la legislación europea de gestión de residuos, con la que las entidades locales se toparon de la noche a la mañana tras su publicación en este periódico el pasado mes de abril. Enviar a basura a Jundiz en lugar de a Gardelegi supuso para las cuadrillas pasar de pagar 45,05 euros por tonelada a 68,56 euros, lo que llevó a sus respectivos presidentes a acordar una acción de protesta conjunta llevando todos sus camiones de reciclaje a la planta de Gardelegi.

Para evitar la fotografía de la protesta -objetivo logrado- el ejecutivo foral de Javier de Andrés llegó a un acuerdo in extremis con los presidentes, según el cual la Diputación asumiría hasta final de año dicho incremento. Así las cosas, al gobierno foral de Ramiro González le toca ahora encontrar una vía de solución al conflicto si no quiere tener que seguir asumiendo sine die el sobrecoste de las cuadrillas a partir del 1 de enero de 2016.

De propiedad compartida -al menos sobre el papel- entre Ayuntamiento y Diputación, ha sido sin embargo el Consistorio gasteiztarra el que durante los últimos años ha asignado de forma unilateral el precio de las tasas de Jundiz derivadas de su uso, y ese es, según explica a este diario el diputado foral de Medio Ambiente, José Antonio Galera, el primer problema al que quieren dar solución en las próximas semanas. Su objetivo, debatir y analizar con el gabinete de Gorka Urtaran nuevas fórmulas para que la decisión final sobre las tasas -es decir, el precio que se cobrará a las cuadrillas por llevar su basura a Jundiz- se tome de forma compartida por ambas instituciones.

Sin encuentros en diez años “La comisión de gestión entre Diputación y Ayuntamiento no se ha reunido nunca durante los últimos diez años para tratar este tema, a pesar de que el convenio firmado en 2003 recoge expresamente que entre sus funciones está, entre otras, analizar trimestralmente el estado de la planta y las tasas derivadas de su uso”, explica el diputado foral.

De cara a la primera reunión que tendrá lugar entre ambas instituciones -el ejecutivo foral la solicitó hace unos días pero aún no hay fecha para su celebración- Galera adelanta que desde la Diputación “ya hemos dejado claro al Ayuntamiento que nuestro papel será defender los intereses de las cuadrillas, como no podía ser de otra forma”, en base al compromiso foral de mantener “el equilibrio territorial” en la provincia. Defensa que podría pasar por una reducción de las tasas para las cuadrillas. “A partir de ahora queremos tomar parte en todas las decisiones que afecten a esta planta”, subraya el diputado de Medio Ambiente.

En este sentido, José Antonio Galera adelanta también que invitará al Ayuntamiento de Vitoria a unirse a la elaboración del plan integral de residuos de Álava, que se pondrá en marcha próximamente para abordar un nuevo proyecto durante los próximos cuatro años, como marca la legislación. Un plan para el que antes es necesario “evaluar cómo ha ido el anterior, ver dónde estamos y qué vamos a necesitar durante los próximos años”. La invitación de Galera se extendió, por cierto, a su predecesora en el cargo, la popular Marta Ruiz, pero según explica el diputado su petición “cayó en saco roto”.

De cara al futuro, el titular del departamento foral de Medio Ambiente apunta que la gestión de residuos en el territorio debe basarse “en la pedagogía y la prevención, porque el mejor residuo es el que no se genera” y valora la recogida contenerizada como “la más eficiente”, porque, en su opinión, “la historia reciente nos ha venido a señalar que prácticas como el puerta a puerta ha dado malos resultados, entre comillas, política y socialmente”.