Gasteiz - El que viene va a ser un año duro para las arcas municipales vitorianas. El proyecto presupuestario del equipo de gobierno -a día de hoy con escasas posibilidades de salir adelante- contempla unos ingresos de 342,9 millones de euros con los que apenas da para que el Ayuntamiento pueda levantar la persiana cada mañana. El dinero se irá en pagar la luz -que no es ninguna broma, pues sale por 4,5 millones de euros-, los sueldos de los trabajadores municipales, los préstamos bancarios, o los alquileres de edificios, que curiosamente van a costar 700.000 euros más caros que en el presente ejercicio.
A pesar de que buena parte de los empleados del Ayuntamiento ya trabajan en las oficinas de San Martín, que la UTE constructora arrienda al Consistorio con derecho a compra, la factura total por alquileres diversos va a ser de 4,1 millones de euros, frente a los 3,4 de 2015.
Sin embargo, el mayor gasto corriente en el Ayuntamiento vitoriano es el de las nóminas de los trabajadores municipales. Con Michelin y Mercedes, la institución es la mayor empresa de la ciudad, pues tiene cerca de 3.000 empleados que suponen el gasto de 141,7 millones de euros, más de un tercio del Presupuesto total. En 2016 se les abonarán siete millones más que el año pasado, principalmente porque se les va a subir el sueldo un 1%, el incremento establecido como norma general para todas las administraciones del Estado. En cualquier caso, para que un coloso como el Ayuntamiento de Gasteiz funcione necesita trabajadores, así como materiales diversos. En este último capítulo, el de las adquisiciones corrientes, se van a gastar en 2016 otros 122 millones de euros, seis menos del año pasado que vienen a compensar la subida a los empleados.
Sólo con estas tres partidas -alquileres, sueldos y material- se nos van el año que viene 270 millones de euros, con lo que quedan 73 para funcionar, y de esos otros 14,3 se van a destinar a pagar préstamos al banco; 35 millones se dedicarán a pagar transferencias corrientes, y sólo 22,7 a inversiones reales.
Con estos mimbres no es de extrañar que la única obra de envergadura prevista para el año que viene sea la del centro cívico de Zabalgana, en la que el Ayuntamiento gastará cuatro millones de euros. El palacio Europa consumirá otros 350.000 euros -más los 30.000 del mantenimiento de la fachada vegetal, 10.000 más que el año pasado-, el agoraspace de Sansomendi 200.000, y el proyecto Bost Enparantza, mediante el que se reformará la plaza de Santa Bárbara, se queda con 100.000 euros. Las demás partidas de Urbanismo oscilan entre los 1.000 y los 100.000 euros.
No sólo apenas hay inversión -frente a los 22,7 millones de 2016, en 2008, año de vacas gordas, se presupuestaron 83- sino que además se recortan diversas partidas de toda índole. El plan de nevadas cae de 300.000 euros a 150.000, la dotación para conservación de zonas verdes se desploma, de los 2,7 millones de 2015 a los 1,6 reservados en 2016; y la aportación de los vecinos al Presupuesto pasa de un millón de euros a 700.000.
Los responsables del equipo de gobierno presentarán hoy y mañana todas estas partidas, correspondiente a los departamentos de Urbanismo, Hacienda, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana o Participación, y con estas explicaciones concluirá la exposición a los grupos políticos de un Presupuesto que ha encontrado el rechazo de la oposición. Aunque en los primeros meses de la legislatura, y hasta hace apenas unas pocas semanas, la sintonía entre el PNV y EH Bildu, que facilitó la investidura de Gorka Urtaran, era patente, la firma del acuerdo entre jeltzales, PSE, PP y los empresarios envenenó la relación.
Primero fueron las ordenanzas fiscales, que la coalición abertzale rechazó precisamente por la aplicación de la moderación en la subida del IAE pactada con el SEA. El PP, que había tendido su mano para negociar los impuestos, también votó en contra al no querer el PNV asumir la congelación generalizada que defendían los conservadores, y Sumando-Hemen Gaude e Irabazi hicieron lo propio.
En los últimos días, las posturas con respecto al Presupuesto han sido las mismas, y por tanto el equipo de gobierno se encuentra con serias dificultades para sacar adelante sus Cuentas. Además, el veto a su proyecto de ordenanzas se ha traducido en la congelación de los gravámenes y por tanto en una merma de los ingresos de dos millones de euros.
Aunque la Ley faculta a los regidores municipales para, en última instancia, aprobar los Presupuestos en la Junta de Gobierno Local, fuentes municipales aseguran a DNA que es una posibilidad que por ahora no se contempla y que se agotarán todas las posibilidades para alcanzar un acuerdo.
