laguardia - El jurista Iñaki Lasagabaster insiste en que en el viejo conflicto sobre la integración de Trebiño en Álava está muy clara la postura favorable de los vecinos, y que la decisión depende en exclusiva del Congreso de los Diputados y no de autoridades regionales o provinciales. Así lo explicó a este periódico en exclusiva durante unas jornadas celebradas en Laguardia.
Este catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco, y autor del estudio que impulsó la tercera y más intensa de las movilizaciones de integración del enclave en Euskadi, considera que la cuestión territorial “va a tomar aire nuevamente porque la respuesta que se dio anteriormente por parte del Parlamento español y también por parte de las autoridades de la comunidad autónoma de Castilla y León no fueron respetuosas con lo que indican las normas”, señala.
Además, a la luz del informe que preparó por encargo de los ayuntamientos de Condado de Trebiño y de La Puebla de Arganzón, reconoce que “si lo que planteamos es si Trebiño debe o no formar parte de Álava, y si en esa decisión lo que debe de primar es precisamente la voluntad democrática, esto es la voluntad de las personas que viven en Trebiño, no puede menos que sorprendernos lo ocurrido”. Y es que, “en virtud de un precepto del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, donde se dice que la integración de Trebiño dependerá de las mayores o menores vinculaciones que existen o con Álava o con Burgos, es evidente que esas mayores vinculaciones..., cuando utilizamos ese concepto, la idea de mayor vinculación en una democracia es la de la voluntad de su ciudadanía. Y, una y otra vez ha sido -esta última fue la tercera, aunque no la última-, la de integrarse en Álava”. Lasagabaster mantiene una comunicación fluida con los responsables políticos municipales y sociales del enclave. Por la información de la que dispone, argumenta que ya hay unos nuevos planteamientos en Trebiño donde se quiere retomar nuevamente esta cuestión y ver si de alguna forma se puede llegar a dar efectividad a algo que mandan las normas: que se respete la voluntad de las personas y que se les dé por fin a los habitantes del enclave la posibilidad de integrarse en Álava.
Como es conocido, la postura de los ayuntamientos es que son las Cortes Generales las que deben decir la última palabra. Y en ese sentido apunta también Lasagabaster: “lo que está claro es que la decisión de la integración de Trebiño en Álava depende exclusivamente, en términos legales, de la voluntad que puedan manifestar las Cortes Generales, ya que para modificar un ámbito territorial de una provincia se debe aprobar una ley orgánica”. Y de acuerdo con la legislación, “esa competencia recae exclusivamente de las Cortes Generales y no está condicionada, ni puede estarlo, por lo que puedan decir las autoridades de Castilla y León o de la Diputación de Burgos; eso en ningún caso”. Añade, además, el jurista que “la ley, la Constitución, es muy clara en ese sentido, por lo tanto, esta labor obstativa, esa labor de planteamiento de obstáculos permanentes (por parte de las instituciones castellanas) para que Trebiño no pueda ser parte de Álava, jurídicamente no tiene ningún fundamento”.