gasteiz - El proyecto de ordenanzas fiscales que aprobó el gobierno municipal vitoriano el 13 de octubre cuenta con varios elementos que, a juicio del síndico, Martín Gartziandia, son injustos. Por ello, el defensor vecinal ha publicado sus “aportaciones” al diseño de los gravámenes para el año que viene, entre las que destaca la petición de que se rebaje el Impuesto de Plusvalías si la Diputación no publica el nuevo catastro antes del arranque de 2016.

El ahora conocido como Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana no tiene razón de ser cuando los terrenos de naturaleza urbana no han incrementado su valor en el último lustro, sino todo lo contrario. En ese sentido, el Síndico recuerda que la Diputación debe revisar los valores catastrales cada ocho años (el plazo venció en 2013), y que en todo caso estos valores deben retocarse cuando superen a los de mercado.

“Cabe afirmar, sin temor a equivocarse, que ambas condiciones se han cumplido ya”, señala Gartziandia, quien propone al equipo de gobierno que actúe sobre algún otro de los factores que completan la fórmula de cálculo del impuesto, es decir, los porcentajes que se aplican a cada año transcurrido desde la anterior transmisión del inmueble, y el tipo de gravamen, que según la normativa foral “será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 30%”.

El defensor vecinal también plantea que el Consistorio retome la normativa anterior a 2014 en relación al IBI cuando se trata de fincas con varios propietarios. Hasta entonces, cabía la posibilidad de que cada titular pagara el impuesto en proporción al porcentaje de titularidad que le correspondiera. Desde hace dos años la base imponible del bien inmueble debe superar los 60.000 euros, entre otras condiciones.

¿Qué ocurre con los casos en los que no se cumplen estos requisitos? Que se gira el IBI a un único titular, elegido de manera aleatoria, y que éste debe reclamar, a veces incluso por la vía judicial, al resto de titulares, la parte de la que son responsables. “Se convierte así en recaudador de la Administración”, señala el síndico. Gartziandia pide que sólo cobre a un único titular cuando se desconozca la identidad del resto de sujetos pasivos.

Por último, el Síndico llama la atención sobre las tasas por expedición de documentación municipal, documentos por los que se cobrará al ciudadano entre 25 y 102 euros. El defensor vecinal plantea que se cobre únicamente lo que cuesta emitir la copia.

“posible irregularidad” en el iAE Por otro lado, el grupo municipal de EH Bildu alertó ayer de una “posible irregularidad” en el aplazamiento del IAE de 2015 que el viernes rubricaron PNV, PSE, PP y patronal. Esta decisión sólo puede llevarse a cabo cuando “concurran circunstancias de extraordinaria necesidad”, recordó la portavoz de la coalición, Miren Larrion. El gobierno municipal, por su parte, aseguró que la modificación del gravamen está debidamente justificada.