vitoria - El Gobierno Vasco mantendrá los sondeos de exploración de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi S.A. (Shesa), dependiente del propio ejecutivo, porque, según apuntan, varios tienen que ver con el gas convencional y no implicarían fracking, por lo que detener los trabajos obligaría a pagar una sanción. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, informó de dicha decisión en una respuesta parlamentaria a una pregunta del PSE tras la aprobación en junio en el Parlamento Vasco de una ley que, en la práctica, prohíbe la fracturación hidráulica (fracking) en Euskadi.

La consejera recuerda en su respuesta que esta ley está siendo debatida en la comisión bilateral entre los gobiernos vasco y español porque el ejecutivo de Rajoy anunció un recurso de inconstitucionalidad, por lo que la redacción final de la norma aún no es definitiva. Tapia señala además todos los permisos con los que cuenta Shesa de exploración y de investigación y expone que para pasar a la fase de explotación es necesario obtener un permiso diferente que concede el Consejo de Ministros.

Según datos de la consejera, Shesa cuenta con cuatro permisos de investigación con objetivos “convencionales”, es decir que no implicarían fracking, y otros tres con objetivos “inicialmente planteados como no convencionales”, que en caso de prosperar sí supondrían el uso de esta técnica. De esos tres, sólo uno es competencia del Gobierno Vasco, porque el resto se localizan en dos o más comunidades y dependen de la Administración General del Estado. El permiso limitado a Euskadi es de “Lore, Lurra, Landarre y Sustraia”. En este caso, los permisos de investigación se han solicitado, pero están en fase de otorgamiento.

Por ello la consejera recalca que todas las actuaciones de Shesa están “en su fase exploratoria y por lo tanto es rotundamente falso que exista ninguna licencia de explotación de fracking” en Euskadi, y defiende la continuidad de los trabajos de Shesa porque parte de ellos se refieren a gas convencional y “no acarrearían” el uso de fracking con por lo que no tienen “ninguna relación” con la nueva ley vasca. En el caso de las investigaciones que, de ser exitosas, implicarían esta técnica, Tapia explica que la concesión de los permisos “conlleva obligatoriamente una serie de compromisos de trabajo e inversiones” y que en caso de incumplimiento habría que “desembolsar a modo de sanción o multa la parte de los compromisos no ejecutados”.

Esto supondría, según alerta la consejera, un “menoscabo” para las arcas públicas porque ese desembolso se haría “a fondo perdido, sin haber obtenido a cambio ni tan siquiera ningún tipo de información sobre la posible existencia de un recurso energético de primer orden”. Tapia apunta además que si finalmente hay que revocar los permisos de investigación ya concedidos, las empresas afectadas podrían solicitar indemnizaciones. - Efe