El diputado general de Álava, Ramiro González, ha asegurado hoy que tiene "la sensación" de que el Gobierno de Rajoy dejará la cuestión relativa a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) "solucionada" antes de las elecciones, ante la eventualidad de que un nuevo ejecutivo pudiera impedir la reapertura.

Vitoria. En su opinión, los "movimientos" que el Gobierno central ha protagonizado en los últimos días en relación con Garoña "conducen a pensar" que existe "una alta probabilidad" de que la central nuclear burgalesa vuelva a abrir.

El diputado general ha recalcado que son movimientos que se producen "a 4 días del final de la legislatura" por lo que "da la sensación de que quieren dejar el asunto solucionado antes del 20 de diciembre", tomando para ello "todas las decisiones necesarias" para "garantizar" la reapertura.

González se ha referido a las dos cartas que la Diputación alavesa ha enviado a los ministerios de Industria y de Medio Ambiente tras constatar que el proyecto para instalar un almacén temporal de combustible nuclear en Garoña (Burgos) ha superado la declaración de impacto ambiental.

El diputado general ha explicado que en ambas cartas muestra su "total oposición" hacia un proyecto que se ha decidido "sin consultar" a este territorio, lo que a su juicio prueba que Álava se ve "sistemáticamente ninguneada" por el Gobierno de Rajoy.

Para González, el territorio alavés sería el "más afectado" por la reapertura de la central, ya que "los riesgos no conocen fronteras".

El diputado general ha criticado además la actitud del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en este asunto, y ha asegurado que en su lugar "se le caería la cara de vergüenza" al comprobar cómo el Consejo de Ministros toma decisiones "en contra de Álava y de la opinión de sus propios compañeros de partido en territorio alavés".

En su opinión las decisiones del Gobierno central sobre Garoña prueban que el PP de Álava "no pinta nada para Rajoy".

El pasado 9 de octubre el Boletín Oficial del Estado publicó el estudio de impacto ambiental favorable a un almacén temporal individualizado de combustible nuclear gastado en Garoña, un trámite que fue interpretado por los movimientos ecologistas como un paso hacia la reapertura de la central burgalesa.