Vitoria. González ha ofrecido una rueda de prensa tras el habitual Consejo de Diputados de los martes, y a preguntas de los periodistas ha anunciado que ha ordenado a los servicios jurídicos forales interponer un recurso de casación contra dicha sentencia para "salvaguardar los intereses de la Diputación".
Ha explicado que para proteger esos intereses es "necesario agotar toda la vía judicial" y ha recordado que "las acusaciones solicitaban una indemnización de 1,3 millones de euros", cantidad que debería reintegrarse a la entidad foral alavesa.
González ha reconocido que las posibilidades de que el recurso prospere "son muy bajas" y que es "un recurso eminentemente técnico", aunque ha explicado que el Consejo de Diputados ha considerado que se deben "agotar todas las posibilidades" que permite la vía judicial, "sin prejuzgar la culpabilidad de nadie y respetando la labor de la justicia".
La Audiencia Provincial de Álava absolvió el pasado 10 de septiembre a los cinco acusados. El Ministerio Público había pedido 7 años de cárcel para Jiménez, al que acusaba de haber desviado 1,4 millones de euros de subvenciones de los transportes forales entre 2001 y 2006; y seis años y un día para los otros cuatro imputados, vinculados con dos empresas de publicidad y marketing, y que según la Fiscalía había colaborado para distraer esos fondos.
La acusación pública consideraba que los cinco acusados idearon un "mecanismo engañoso" en las subvenciones a empresas concesionarias de transporte deficitarias con el propósito de "defraudar" a la Diputación y elaboraron facturas "ficticias" con unos gastos de publicidad "desorbitadamente exagerados" pro servicios en algunos casos "inexistentes".
Sin embargo la sección segunda de la Audiencia Provincial de Álava argumentó en su sentencia absolutoria que el trabajo de publicidad existió y se acreditó en el juicio, y que el contenido de lo facturado se correspondió "con la realidad del trabajo encomendado".
Añadió que las facturas pasaron "todo tipo de controles" en la Diputación Foral de Álava durante seis años y consideró que el incremento de la facturas estuvo justificado por el aumento en las líneas de transporte y la elaboración de una "información global" de las mismas que hasta el momento no se había hecho.
