vitoria - Las máquinas expendedoras de leche fresca de Arabaesnea fueron un valiente intento de impulsar la venta directa, del campo a la mesa. Sin intermediarios es posible vender un producto de calidad a un precio justo para el cliente y digno para cubrir los costes de producción, a la vez que se garantiza la continuidad del sector agroganadero, manteniendo la vida en los pueblos, favoreciendo la economía local y el desarrollo sostenible. Y, sin embargo, ni esa iniciativa ni las que se desarrollan puntualmente a través de ferias han conseguido consolidar el sistema más garantista para los dos eslabones más débiles de la cadena. Al final, la gente acaba comprando en el formato que le resulta más cómodo, sin ser consciente del perjuicio que ocasiona al sector y, al final, antes o más tarde, a sí misma. Al menos, así sucede en España por el entramado establecido.

En teoría, lo lógico sería empezar por el ganadero, cubrir sus costes y darle algo más. A partir de ahí, se conformaría el precio: industria, distribución... Pero en el Estado español, según denuncia el gremio, se hace de forma opuesta. Desde su punto de vista, la distribución fija un precio conforme a su estrategia comercial y, a partir de ahí, presiona a la industria y ésta al productor, que acaba pagando los márgenes comerciales de la distribución y sus políticas de reclamo. Además, si el perjuicio que sufren los ganaderos no se ha notado hasta ahora en los supermercados -en junio, respecto al año anterior, el precio de venta había bajado un 5,6% pero los ganaderos ya recibían un 16,9% menos- ha sido porque “la diferencia se la quedan los distribuidores”, dicen desde la Interprofesional Láctea. Y así le van las cosas al subsector.

Para colmo, el Gobierno de España se ha mostrado hasta ahora totalmente reacio a las demandas de los ganaderos. Agricultura ya advirtió hace unos días que no va a acceder a la petición de imponer un precio mínimo ni de reintroducir las cuotas. Según dice, esas medidas van “en contra del ordenamiento jurídico español y comunitario”. La realidad de otros países indica que siempre hay margen para actuar. En Francia se fijó un precio mínimo de 34 céntimos por litro y Bélgica se comprometió a ayudar económicamente a las explotaciones con 2,7 céntimos por cada litro. - J.S.