Gasteiz - Vitoria tiene retos muy importantes que asumir en el futuro inmediato en materia de servicios sociales. Debe readecuarse a las exigencias de la nueva Ley del Parlamento Vasco, asumir nuevas competencias, dejar otras, y para ello ha de reorganizarse y coordinarse con la Diputación alavesa. También tiene que prepararse para atender cada vez a más personas mayores, muchas de ellas solas, y a otros colectivos vulnerables, como madres solteras, menores o víctimas de violencia de género; o a los nuevos excluidos. La institución tiene que dar a conocer además a los ciudadanos las prestaciones sociales a las que tienen derecho, y cuya ignorancia no hace sino generar prejuicios contra quienes sí las perciben, prejuicios a veces estimulados desde los propios poderes públicos.

Sin embargo, antes de emprender todos estos retos que ayer enumeró la concejala del ramo, Nerea Melgosa, hay que empezar por recuperar “el clima de confianza” entre los propios trabajadores, tras cuatro años en los que, según denunció la oposición en la pasada legislatura, el ambiente en el Departamento se tornó irrespirable. “He heredado un Departamento con personas fabulosas a las que no se ha dejado trabajar, no se les ha escuchado, y tienen ganas de que se vea su trabajo; se acabó el ordeno y mando, vamos a impulsar un liderazgo que respete los criterios técnicos”, afirmó la edil del PNV, quien explicó que va a poner en marcha un plan de comunicación interna para fomentar “la participación activa de los trabajadores”. Además, se evaluarán las actuales cargas de trabajo para acabar con las disfunciones existentes en los servicios sociales de base, que se reorganizarán en función de criterios geográficos.

Peio López de Munain, concejal del PSE y responsable de Servicios Sociales cuando Patxi Lazcoz fue alcalde, subrayaba la importancia de calmar las aguas en el Departamento. “El clima está muy deteriorado, los trabajadores están desmotivados, hay división, se quejan de que se les ha relegado, su profesionalidad se ha visto ninguneada”, señaló el edil. En esa misma línea incidía Iratxe López de Aberasturi, de EH Bildu. “Tiene usted una labor impresionante sólo para mejorar el ánimo de los trabajadores”, afirmó. Melgosa, por su parte, se refería “técnicos que entran por la puerta de atrás para que no se les vea”, situaciones, dijo, “que se tienen que vivir dentro”.

Otro de los retos que va a abordar el Departamento, dijo Melgosa, es el de informar a los vitorianos de cuáles son sus derechos en materia de Servicios Sociales mediante folletos y dípticos, y desde un punto de vista positivo, tras un año muy convulso en esta materia a cuenta de la campaña sobre el fraude social que impulsó el PP en el último año. En torno a ésta última materia, Melgosa anunció la reactivación del protocolo de prestaciones indebidas abandonado en la pasada legislatura.

Además, indicó la edil, se buscará profundizar en la colaboración con el tercer sector, por cuanto es el que conoce las carencias de Gasteiz en materia social antes que la propia institución, y en ese sentido Melgosa aseguró que los convenios y subvenciones que se aprueban cada año se abonarán a las asociaciones en el primer trimestre del año para evitar las apreturas económicas que vienen sufriendo en los últimos ejercicios. También se tomarán medidas en diferentes ámbitos de la atención social, como la revisión del dispositivo de atención invernal o la implantación de un plan antidesahucios que contempla la ampliación del parque de vivienda social municipal, o prácticas a domicilio para familias cuidadoras. Y como guía general de actuación, la concejala abogó por una revisión general del modelo de atención social, “centrado en la persona”.

La tarjeta de comida sigue Lo que de momento se va a mantener es la Tarjeta Municipal Ciudadana, la TCM, que se entrega a familias sin recursos para que hagan la compra en un supermercado de la ciudad, y que fue duramente criticada por toda la oposición en la anterior legislatura por considerar que estigmatizaba a estas personas. La anterior concejala de Asuntos sociales, Ainhoa Domaica, reclamó a Melgosa que aclarará qué va a ocurrir con la TCM, y la nueva edil afirmó que “todavía” no se va a retirar, pues los técnicos están aún evaluando todas las prestaciones municipales para mejorarlas. “Sean coherentes, si lo que hicimos nosotros estaba bien, díganlo, y si no cambien los criterios “, aseveró Domaica, quien añadió en esa línea que el gobierno municipal del PNV “lleva tres meses aplicando las políticas del PP”, y que muchas de ellas se podían haber modificado nada más acceder Urtaran al gobierno local. Por su parte, Juan Cerezuela, de Sumando-Hemen Gaude, criticó duramente que no se elimine la TMC, pues “no hay cosa más triste que dar un carnet para pobres”. Melgosa presentó además las líneas maestras del nuevo servicio de Convivencia y Diversidad, que trata de responder a la “ruptura de la cohesión social” acaecida en el último año y que denunció el concejal de Irabazi, Óscar Fernández. El Ayuntamiento pretende luchar contra los rumores sobre los inmigrantes, dará cabida a otros cultos religiosos en la planificación urbanística y pondrá en marcha un plan de comunicación intercultural.

Broncas con el PP. Ayer volvió a suceder. PP y PNV se enfrascaron en una agria discusión que deja claro, al menos de momento, que los conservadores van a ejercer una dura oposición contra Gorka Urtaran. La bronca comenzó cuando la presidenta de la comisión de Hacienda, Ainhoa Domaica, impidió hacer uso de la palabra en el turno de réplica a Urtaran, tras insinuarse desde el PP que la recuperación de la subvención a la asociación Bizitza Berria, que atiende a indigentes y que fue eliminada por el alcalde Maroto, supone un trato de favor al exalcalde José Ángel Cuerda, impulsor del proyecto.

La nueva concejala de Asuntos Sociales defendió ayer la necesidad de recuperar la confianza de los trabajadores sociales.

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Millones cambiarán de destino en el Presupuesto para 2015, partidas que se dedicarán a “necesidades más urgentes”, según afirmó ayer el alcalde, Gorka Urtaran. Las inversiones en las nuevas oficinas municipales, los intereses de deuda a largo plazo o el renting de equipos informáticos o menaje verán reducidas sus asignaciones para pagar, por ejemplo, las Ayudas de Emergencia Social, las sentencias judiciales, la ampliación del vertedero o la asignación de Tuvisa.