‘Maritxu’, baina nora zoaz?

El consumo de cannabis es una realidad que acompaña a la sociedad desde el Neolítico a la actualidad. Y por eso, y porque la ley se empeña en ser puerta en el campo y no camino, Euskadi aborda ahora su regulación empezando por los clubes como primer paso para dotar de un mínimo sentido al vacío legal que sacude a los usuarios, perdidos en el fuego cruzado de un sistema que no se aclara por lo vago de la ley vigente en el Estado, y unas instituciones centralistas que se aferran a sus competencias para impedir cualquier avance ajeno, al tiempo que miran para otro lado temerosas del coste electoral de ponerle el cascabel al gato.

El debate está al rojo vivo y la terca realidad lo atiza. Según diferentes estudios, uno de cada tres vascos es consumidor. En la CAV hay 200.000 consumidores habituales y 70.000 admiten que esta práctica es parte de su día a día, lo que destaca a Euskadi como una de las zonas de mayor consumo de toda Europa. Por eso, la búsqueda de una regularización que fije claramente derechos y obligaciones es el objetivo que ya comparten las instituciones vascas, que actualmente trabajan para dar forma a este marco dentro de la Ley de Adicciones que el Gobierno Vasco prevé aprobar antes de fin de año. No en balde, el Ararteko se sumó a comienzos de febrero a esta demanda involucrado por unos usuarios desprotegidos que sienten cómo esta falta de definición se traduce en juicios, multas y sanciones. “No tiene sentido que Irun acoja una feria legal sobre la marihuana y que a diez kilómetros, en Oiartzun, se esté destruyendo la plantación de un club de cannabis”, explica el parlamentario del PNV Luis Javier Tellería. Y en sus palabras se refleja el fruto de la comisión que en el Parlamento Vasco ha estado estudiando esta cuestión y que a finales del año pasado instó al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto.

Hace cinco años que Euskadi y Cataluña abrieron brecha en esta batalla. En virtud de las competencias autonómicas, grupos de usuarios se erigieron en asociaciones y clubes para defender unos mínimos muy bien definidos que les protegieran del azote del fiscal. Los clubes deben ser espacios privados en los que personas mayores de edad y habituadas al consumo se reúnen a fumar con el compromiso de no difundir el cannabis a terceros; se cultivará sin ánimo de lucro una cantidad ajustada a la previsión de consumo de los socios; y el cannabis se distribuirá en cantidades pequeñas para su consumo inmediato. Incluso disponen ya de un código de buenas prácticas -que bien podría ser el embrión del futuro reglamento- y que nace nada más y nada menos que del Instituto Vasco de Criminología de la UPV, según explica a este diario la Federación de asociaciones de usuarios de cannabis del País Vasco, Eusfac.

Sembradas las bases, la semilla prendió y estos clubes crecen sanos. Sólo en la CAV son ya cerca de 100. Sin embargo, esta regulación interna no parece suficiente para un ministerio fiscal que cree que se están pasando de listos en su interpretación de lo que dice la ley y no duda en perseguirlos.

Pero, ¿qué dice la ley? Pues demasiadas cosas y casi ninguna clara. Y ahí radica el problema. Para empezar, el Código Penal persigue el cultivo pero la jurisprudencia generada en el Tribunal Supremo entiende que no es delito si se planta para consumo compartido, lo que hace que estos casos sean “atípicos”. Así las cosas, el fiscal arremete contra el club acusándole de querer traficar, el Supremo avala al acusado porque esa acusación no se puede probar, y la acusación pasa entonces de delito a “ilícito administrativo”, argumentando ahora que las asociaciones cultivan sin tener licencia. ¿Y por qué no la tienen? Porque no pueden obtenerla más que laboratorios y empresas dedicadas a dar al cáñamo un uso textil o farmacéutico según la ley -preconstitucional- que lo regula. “Es kafkiano”, añade el jeltzale Tellería. Y la realidad dibuja en el lienzo de este lamento. Para muestra dos botones. Que la Ertzaintza interviniera un cultivo en el que poco antes habían estado los parlamentarios de visita oficial, o que en Bilbao la fiscalía lanzara a la Policía contra un club para que después la jueza avalara sus derechos y ordenara que se le devolviera la marihuana... Y la Policía se la volviera a incautar. “Las asociaciones no son el problema sino parte de la solución”, subraya Aitor Brion, asesor legar de Eusfac, quien compara el limbo legal en el que hoy se ven obligadas a moverse con el que tuvieron que gestionar los insumisos hasta que al fin se abolió la mili. “Debemos saber nuestros derechos y obligaciones”, subraya. Pero el camino se recorre andando. Plasmando las realidades sociales en marcos legales justos. “Sin estridencias. Preservando los consensos”, subraya Brion.

Varios Estados ya van por esta senda conscientes de que de nada sirve mirar a otro lado. Uruguay, Colorado o Washington legalizaron recientemente el consumo recreativo. Y sin ir más lejos, San Sebastián aprobó a finales del año pasado una ordenanza que regulaba la situación de estos clubes, si bien el Estado, vía Plan Nacional Antidrogas, la impugnó.

voluntad vs. lucha competenciaL Y es que una vez más la cuestión corre el riesgo de convertirse en una pugna competencial en la que el Estado se enroca celoso de perder poder respecto, en este caso, a Euskadi. Una regulación distinta de la estatal sería “absolutamente imposible”. El margen de autonomía es “muy poco”, zanjaba al inicio de este debate en la propia Cámara vasca el delegado del Gobierno español para el Plan Nacional de Drogas, Francisco de Asís Babín.

Ante esto, Brion subraya que “la competencia integral en Sanidad la tiene el Parlamento Vasco, que es también quien dibuja las leyes de adicción”, y por eso confía en que esta ley vea la luz en el ámbito de la CAV.

No será fácil porque en esta Ley de Adicciones se incluyen otros factores que generan dudas entre la oposición. De hecho, más de las que le genera la mera necesidad de regular el marco de estos clubes, que es algo que pone de acuerdo a casi todos. Sólo el PP se desmarcó de algunas recomendaciones de la comisión y ahora dilata el proceso, precisamente porque no acaba de compartir que la CAV tenga competencias suficientes para aprobar este tipo de legislación.

Pero el movimiento sigue, tozudo, buscando ajustar realidad social y marco legal. En palabras del PNV, la propuesta que nació de aquellos dos años de trabajo en la Cámara vasca situaría a Euskadi “a la cabeza” de la regulación existente en este ámbito. “Ha llegado el momento de acabar con una situación cínica. La maría está en la calle y plantada en el monte, luego es absurdo seguir tapándonos los ojos, regulémoslo. Por defensa de los derechos de los usuarios y porque es mejor tenerlo controlado para su propia salud”, defiende Tellería, comprometido a sacar adelante la ley pese al “chantaje” y las amenazas de Madrid. “Luego ya nos encontraremos en los tribunales si hace falta, pero no podemos ceder. Vamos a sacar adelante la ley que apoye la mayoría de los representantes de los ciudadanos vascos. Y en la calle no ha habido ni media reacción contraria”, recuerda el parlamentario, y las intervenciones de la mayoría de los expertos que pasaron por la Cámara vasca así lo avalan. Posibilitar un suministro “controlado y legal” ayudaría a combatir la “marginalidad”, “el trapicheo” y todo lo que conlleva, resumía el sociólogo Javier Elzo, consciente de que la vía de la represión “ha fracasado”. El consumo “lúdico” es “un derecho que probablemente debe reconocerse”, dado que sus efectos sobre la salud de los adultos “son mínimos”, decía José Javier Meana, catedrático de Farmacología de la UPV.

En virtud del evidente consumo real, y bebiendo de la raíz de la democracia, de la libertad del adulto y de sus derechos, la mayoría coincide en que es la hora de pararse a pensar. De cambiar incertidumbre y castigo por derechos y obligaciones. Y las instituciones vascas están listas para contestar. Maritxu, nora zoaz?