Los grupos de Bildu, PSE y PP -una inusual foto política- unieron ayer sus votos en el Parlamento Vasco frente al PNV para sacar adelante en la ponencia -trámite previo al pleno- modificaciones de la legislación vasca para poner freno al fracking, aun a riesgo de que sea impugnada por el Gobierno central y anulada por el Tribunal Constitucional por invasión competencial, dejando así sin efecto la moratoria cautelar de cinco años que habían propuesto los jeltzales.
Los grupos parlamentarios debatían la posibilidad de aprobar un argumentario legal para impedir el fracking en la CAV, que salió adelante con los votos de EH Bildu, PSE-EE y, con todas las sorpresas, del PP. El gesto de los conservadores, que permite endosar una derrota parlamentaria al PNV, podría entenderse como su reacción a la pérdida de la Alcaldía de Gasteiz a manos del candidato jeltzale, Gorka Urtaran. Los populares, con un ideario más próximo al jeltzale en materia de la fracturación hidráulica, decidieron sumar sus votos con soberanistas y socialistas para aprobar en comisión una propuesta legislativa que veta la citada práctica de extracción de hidrocarburos en Euskadi y que, de paso, deja solos a los nacionalistas en este debate, que apostaban por sacar adelante su propuesta de abrir moratoria de cinco años para abrir un debate técnico entre expertos.
Bildu, PSE y PP aprobarán una ley contra el fracking en el Parlamento de Vitoria que aprovechará la normativa vasca sobre agua, suelo y medioambiente para impedir que, en la práctica, pueda utilizarse esta controvertida técnica en Euskadi. La propuesta, cuya votación definitiva se celebrará en un próximo Pleno, no recibió el respaldo del PNV.
La ponencia parlamentaria que analizaba la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la fracturación hidráulica concluyó sus trabajos con la aprobación de un informe en torno a este asunto. El documento salió adelante con el apoyo del PP, que hasta ahora se había mostrado contrario a la prohibición expresa de esta técnica por ley al invadir una competencia exclusiva del Estado.
El texto plantea el uso de las normativas sectoriales para impedir que este sistema, muy cuestionado por sus posibles efectos sobre el medio ambiente, pueda utilizarse en Euskadi. Para ello, se contempla cambiar la Ley del Suelo y Urbanismo, con el fin de prohibir el fracking en suelo no urbanizable. También se modificará la Ley de Aguas para impedir este sistema en acuíferos, y se reforzarán los requisitos de evaluación medioambiental sobre esta técnica. Por el contrario, no salió adelante la propuesta del PNV para plantear una moratoria de cinco años en el uso de la fractura hidráulica.
El informe aún debe pasar por la Comisión de Medio Ambiente antes del visto bueno definitivo por parte del Pleno de la Cámara.
El parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu destacó que el texto aprobado pretende dar una “triple protección” contra el fracking. Además, destacó que las medidas propuestas para ello son similares a las que se han aprobado en Cataluña, que han recibido el “beneplácito” del Tribunal Constitucional, por lo que no prevé problemas jurídicos tras la aprobación de la ley. Otras comunidades autónomas como Navarra o Cantabria se han encontrado con que sus vetos genéricos al fracking han sido anulados en los tribunales, uno de los argumentos esgrimidos por el PNV para plantear su idea de la moratoria.
Es el propio Gobierno Vasco, en el caso de Euskadi, quien promueve la exploración del gas atrapado en las rocas del territorio mediante la sociedad pública Shesa, aunque la importante oposición social a esta técnica ha impedido al Ejecutivo de Urkullu volcarse en los proyectos planteados.
Desde el PSE, Natalia Rojo explicó que el acuerdo con el PNV en torno a este tema “no ha sido posible” porque los jeltzales “no aceptaban” los cambios planteados en las normativas sectoriales. Además, recordó que su partido no tenía “acuerdo alguno” con el PNV sobre fracking, por lo que no se ha podido “romper” un pacto que no existía.
La parlamentaria del PP Mari Carmen López de Ocáriz rechazó que su partido se haya convertido en una formación antifracking. “No somos antinada, somos protectores del medio ambiente”, destacó.
Además, al ser preguntada sobre la coincidencia de sus votos con los de EH Bildu en un momento en el que se está censurando al PNV por haber logrado la Alcaldía de Vitoria con el respaldo de la coalición, aseguró que “es EH Bildu el que asume como buena” la figura sobre la evaluación estratégica ambiental impulsada por el Gobierno central.
Desde el PNV, Javier Garro calificó lo ocurrido de “escenificación”, al tiempo que lamentó el rechazo a su propuesta de aprobar una moratoria por cinco años, algo que atribuyó a la estrategia de “pimpampum” empleada para “sacudir” al PNV con este tema. - M.G./T.D./E.P. / Foto: José Ramón Gómez
