gasteiz - El Ayuntamiento de Condado de Trebiño ha decidido cerrar la legislatura con un aviso a las instituciones de las que depende a través de convenios para poder seguir prestando servicio a los vecinos. En el último Pleno tomó la determinación de reiterar y de fijar en un año el plazo “de la caducidad de la territorialidad, precariedad e inseguridad jurídica que repone el régimen de apaños y parcheos administrativos interinstitucionales que sufre Trebiño”.
El acuerdo se adoptó en el Pleno del mes de abril y en él se justifica que ése es “un plazo más que suficiente para que todas las partes e instituciones implicadas adopten las medidas necesarias para la solución definitiva”. En ese sentido, el alcalde de Condado de Trebiño, Ignacio Portilla, recordó que “antes del 8 de marzo de 2016 todas las partes implicadas podrán aportar y decidir la mejor solución para que las Cortes Generales del Estado, único órgano competente, arbitre la solución definitiva”.
En realidad la decisión de poner un plazo a los convenios, protocolos y demás acuerdos por los que el municipio recibe servicios desde Álava al carecer de los mismos pese a ser estos competencia castellana se tomó en el Pleno del 8 de marzo, fecha en la que el primer edil convocó a los vecinos para dar cuenta de las gestiones que se habían desarrollado durante buena parte de la legislatura para lograr la segregación de Castilla y León y la integración en Álava y en especial sobre los acontecimientos que se desarrollaron en las fechas posteriores y siguientes al 18 de noviembre del pasado año, cuando el Pleno del Congreso de los Diputados dio la espalda a las demandas de los vecinos del enclave.
Portilla anunció en el Pleno del 8 de marzo que en los siguientes días se emplazaría a todas las partes: a la Junta de Castilla y León, a la Diputación de Burgos, al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Álava para que propusieran una fecha de caducidad a los convenios con los que se están prestando muchos de los servicios en el enclave, en especial los relacionados con la cultura, la salud, la promoción económica y el desarrollo rural, aunque en la realidad así se recibe las prestaciones de todas las materias.
Excepto el PP, en Condado de Trebiño no quieren seguir funcionando de esa forma y lo que reclaman es que el Estado sea el que ponga fin a la situación, porque, en opinión del alcalde, “después del 18 de noviembre ha quedado claro que la respuesta definitiva a esta situación está en manos del Estado. Es el Estado quien debe hacer uso de sus competencias para solucionarlo. Y por eso esperamos los planteamientos de todas las partes para saber su intención de cuando acabará esta situación, que confiamos que no sea más allá de una legislatura”.
En concreto, aunque no han recibido respuesta de ellas, se pedía a las instituciones de Burgos y Castilla y León que constaten su “incapacidad” de prestar los servicios en Trebiño de forma “racional, directa y de pleno derecho” y a las del País Vasco que fijen una fecha límite para que le sea transferida la titularidad del enclave “como única garantía de estabilidad y pleno derecho competencial”.
Aquella propuesta de acabar con la política de convenios fijando una fecha de caducidad fue aprobada, en medio de muchos aplausos, por los concejales de las dos agrupaciones independientes más el del PNV y el de EH Bildu en el transcurso del Pleno extraordinario al que no asistieron los tres concejales del PP.
Mes y medio después de tomar aquel acuerdo, Condado de Trebiño ha ratificado lo adoptado entonces, pero ha ido más allá y “para no caer sine die en la complicidad, colaboración y consentimiento de la situación transitoria administrativa actual de Trebiño, esta Corporación acuerda fijar como fecha de caducidad improrrogable de los convenios, protocolos y demás parcheos tácitos o escritos interinstitucionales un año”.
El acuerdo ha sido enviado al Gobierno del Estado y a las Cortes Generales para que en este plazo articulen la solución definitiva de acuerdo a su exclusiva competencia y responsabilidad. Asimismo se ha comunicado a la Diputación Foral de Álava la inclusión de esta caducidad a los acuerdos Marco y de Bienestar Social que este Ayuntamiento tiene suscritos con la Diputación Foral de Álava en el ámbito de su vigencia y colaboración.
Postura divergente La actitud más beligerante de Condado de Trebiño no es compartida por el otro Ayuntamiento del enclave, La Puebla de Arganzón. Su alcalde, Roberto Ortíz, ha mantenido varios encuentros de trabajo con Ignacio Portilla y aunque comparte el objetivo de cerrar el conflicto integrando el territorio en Álava no está de acuerdo en poner fecha de caducidad a los convenios. Ortiz y La Puebla de Arganzón han estado implicados en las mismas gestiones que Condado de Trebiño, pero en esta fase actual siente un cierto desasosiego ante la posibilidad de quedar sin los servicios que prestan los convenios y por ello recela de la actitud de fijar plazos como ha hecho Condado de Trebiño.
Los hechos. El conflicto de Trebiño es un buen ejemplo de cómo la obstinación política es capaz de imponerse al sentido común. Castilla y León siempre se ha desentendido de ese lugar que llama condado porque es un negocio ruinoso, tan a desmano como que se encuentra al otro lado del Ebro, geográficamente desubicado, pero tampoco ha dejado que sus vecinos cumplieran el deseo de segregarse de la autonomía a la que pertenecen por ley para formar parte del territorio en el que respiran, con el que se relacionan día a día, del que se sienten parte porque están dentro de él, que los atiende aunque no le corresponda.
Otras propuestas. Los intentos de los habitantes de Trebiño por incorporarse a Álava no han faltado desde que quedó definido el actual mapa provincial a principios del siglo XIX. Las hubo en 1880, en 1919, en 1940, en 1958, en 1980, en 1998 y la última fue el año pasado. Todas pincharon en hueso. Cuando no son las normas es la mayoría de las Cortes Generales la que decide mantener el contencioso en el limbo, permitiendo que la descuidada propietaria de la aspirante a octava cuadrilla alavesa siga teniendo la última palabra.
Los hechos. El director del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, José María Ortiz de Orruño, uno de los principales estudiosos de la causa, considera que “ésta es una cuestión fundamentalmente política. Y para defenderla hay que buscar argumentos. Castilla y León recurre principalmente a justificaciones históricas, ya que las del sentido común darían la razón a Álava. Pero el esto tiene que ser así porque siempre ha sido así o porque durante mucho tiempo ha sido así no es racional”, subrayó en DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. Ortiz de Orruño es coordinador y coautor de dos exhaustivos informes que la Diputación alavesa encargó en los noventa para poner la lupa sobre las vinculaciones reales de Trebiño con nuestro territorio y tratar de avanzar de forma consensuada.
