vitoria - El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) ha dado vía libre a la adjudicación a FCC de la gestión del vertedero de Gardelegi al desestimar el recurso presentado por Urbaser y Onaindia. Esta UTE reclamaba poder acceder a la documentación en la que FCC justificaba la presentación de la baja temeraria que decantó el concurso en su favor, para comprobar si los técnicos municipales se habían equivocado o no al darla por buena.
Los propios técnicos, y no FCC, se habían negado a facilitar la citada documentación al resto de licitantes al entender que afectaba a “secretos técnicos o comerciales” de los ganadores del concurso, que ahora ya lo serán de forma efectiva. Urbaser tiene dos meses para decidir si lleva la adjudicación a la Justicia ordinaria, por la vía contencioso-administrativa, pero fuentes cercanas a la UTE señalaron ayer a DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA que ese es un paso que no se puede dar sin meditarlo muy bien antes. Hay que tener en cuenta que los recurrentes no pueden acceder finalmente a la documentación que podrían poner en tela de juicio ante un juez. La UTE, dijeron, no tiene ninguna garantía de que las cosas se hayan hecho mal, pero tampoco de que se hayan hecho bien.
La resolución del OARC se fundamenta en el hecho, considera este órgano de fiscalización de los contratos públicos, de que la información requerida por la UTE de Urbaser y Onaindia puede mantenerse en secreto por cuanto el informe del órgano asesor del Ayuntamiento de Vitoria, que publicó este periódico, ya daba cuenta de las justificaciones de FCC ante su baja temeraria. La empresa aseguraba que a finales de 2015 entrarían menos residuos al vertedero, lo que le permitiría reducir la plantilla (aunque también propone incrementos puntuales), y que no iba a aplicar gastos generales, según señaló el Servicio municipal de Presupuestos y Contabilidad. En su informe, este órgano municipal presuponía además que la renuncia de FCC a obtener beneficio del contrato, y que no motivó en su escrito, “entra dentro del ámbito de libre actuación empresarial”.
Para el OARC, “aunque breve y a todas luces mejorable, hay una justificación suficiente” para apoyar la adjudicación a FCC y negar a Urbaser y Onaindia la justificación textual de la adjudicataria, que con las explicaciones aportadas por los técnicos municipales y la información a la que han tenido acceso no se encontraban en situación de indefensión, como denunciaban en su recurso. No obstante, al OARC le llama la atención que haya sido el Ayuntamiento, y no FCC, quien ha vetado el acceso a estos documentos de la empresa. En ese sentido, hubo un “exceso de celo” por parte del Consistorio en esta adjudicación, afirma el órgano del Gobierno Vasco, pues “resulta paradigmático que sea el propio órgano de contratación el que dictamine que nos encontramos ante un secreto técnico o comercial cuando la propia mercantil no lo ha declarado”. Aunque no fue quien reclamó la confidencialidad de sus documentos, FCC alegó ante el OARC que desvelarlos haría pública información sensible sobre los precios de adquisición de maquinaria o prestación de servicios, o sobre la existencia de acuerdos específicos con proveedores.
La resolución se detiene a analizar la explicación de FCC sobre la reducción de costes de personal que plantea la empresa. La previsión de una menor entrada de basuras que justifica esa reducción de plantilla se sostiene, señala el OARC, en que las cuadrillas, que actualmente llevan sus residuos al vertedero, los trasladarán a partir de mayo, como adelantó DNA, a la planta de biocompost de Jundiz. Lo que ocurre es que el resto de licitantes, o al menos Urbaser, desconocían esa información, que sí había llegado a FCC. La empresa, además, alegó que el jefe de servicio del vertedero “formaría parte de los medios de apoyo que ponen las empresas que forman la UTE”, lo que permitirá reducir los costes del servicio.
La resolución. El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del Gobierno Vasco considera que Urbaser y Onaindia no quedaron indefensas al negárseles la justificación de FCC de su baja temeraria, pues los técnicos municipales ya expusieron los argumentos de esta empresa.
Los reparos. No obstante, al OARC le llama la atención el “exceso de celo” del Ayuntamiento al vetar la información requerida, que podía afectar a secretos comerciales, según los técnicos, cuando la propia FCC no había solicitado la confidencialidad de su informe.
La justificación. FCC alega que puede reducir sus precios porque a partir de mayo entrará menos basura en Gardelegi. La UTE recurrente no disponía de esa información.
1,5
Millones de euros cada año y durante seis, con posibilidad de una prórroga bianual, es la cantidad que estaba en juego en la adjudicación del vertedero.
