Gasteiz - La operación policial previa a la Semana Santa en Errekaleor obligó ayer a comparecer a dos concejales del gobierno de Javier Maroto para dar explicaciones por lo sucedido la mañana del 1 de abril. A petición de EH Bildu, el concejal del PP Alfredo Iturricha respondió que la actuación de los agentes fue “de manual”. Como responsable de Seguridad Ciudadana considera que los municipales se limitaron a dispersar a los jóvenes, usaron, y de forma correcta, material reglamentario -en referencia a las porras extensibles-, utilizaron la fuerza “estrictamente necesaria sin golpear ni en la cabeza ni en el cuerpo” (hubo heridos) y lo hicieron para que los operarios de Iberdrola pudieran acabar con su labor. Por lo tanto, para el gabinete de Maroto fue una actuación “totalmente proporcionada”, que acabó con 28 personas imputadas, de las que sólo tres residen en el barrio, por la Policía Local acusadas de desórdenes públicos, desobediencia, falta de respeto a los agentes, etcétera.

En su relato de los hechos, Iturricha explicó que Ensanche 21, sociedad propietaria de las viviendas ahora ocupadas, informó al Ayuntamiento del mal estado de la instalación eléctrica de las casas, con deficiencias graves que en cualquier momento podían dar lugar a cortocircuitos, incendios e incluso electrocuciones si no se actuaba al respecto. Entonces el gobierno informó a Iberdrola y al Departamento vasco de Industria para que decidieran qué medidas tomar. El 31 de marzo responsables de la compañía eléctrica avisaron al Ayuntamiento de que al día siguiente iban a intervenir quitando la luz para minimizar los riesgos y solicitaron cobertura policial porque sabían que había okupas. Los operarios de Iberdrola llegaron al barrio a las nueve de la mañana y desarrollaron su trabajo de forma normal hasta las 12.30 horas -según el PP- cuando veinte personas -luego se sumaron más- rompieron el cordón policial y se abalanzaron. “De ahí la intervención de la Policía Local”, justifica el edil, resaltando que los insultos a los agentes fueron constantes.

Una versión que no coincide del todo ni con la de los manifestantes ni con la de los ediles de EH Bildu Kike Fernández de Pinedo y Antxon Belakortu, testigos de lo ocurrido. De hecho, este último también se llevó una denuncia. “Aún no sé si por desacato, desobediencia o por qué”, ironiza. A pesar de aclarar que la operación de la Policía no fue en todo momento agresiva, Fernández de Pinedo asegura que sí hubo momentos de tensión, tres o cuatro minutos en los que la Policía no supo gestionar adecuadamente la situación, el momento desbordó a los agentes y cometieron errores. “La intervención policial fue desafortunada, no tenía que haber ocurrido; de hecho, no se produjo ningún enfrentamiento violento con la Ertzaintza, que también estaba allí porque los jóvenes en todo momento permanecieron en situación de resistencia pasiva; se sentaron y fueron identificados”, narra como testigo el portavoz de la coalición soberanista.

Tampoco es justificable lo sucedido para la edil socialista Maite Berrocal, quien no tiene duda de que la actuación policial fue reglamentaria, pero lamentable. “Aquí uno hace un acto de resistencia pacífica y acaba identificado por la Policía y posiblemente con una sanción”, critica. Sin embargo, para Berrocal, igual que para el resto de la oposición es aún más injustificable el modo de actuar del PP, que en lugar de llevar primero el asunto al consejo de Ensanche 21, que se reunía ese mismo día, decidió tomar el camino del medio, ocultar información de forma deliberada al resto de partidos -no sabían ese día de las conclusiones sobre el estado de las viviendas-, y todo ello a sabiendas de que la ocupación de las casas de Errekaleor era algo que todos los grupos del Ayuntamiento sabían y habían permitido en un ejercicio de flexibilidad hasta que se derribaran los edificios del barrio. Lo habitual cuando se detectan desperfectos de estas características en una vivienda es comunicarlo al propietario y darle un plazo para que los subsane. “Aquí no, aquí hubo que acabar matando mosquitos a cañonazos; faltaron las tanquetas”, señala Peio López de Munain, para quien la intervención de la Policía fue “desproporcionada”, al igual que para Belakortu, quien se pregunta si las viviendas son ahora, sin luz, más seguras o, al contrario, sus inquilinos corren más riesgo. “Esto ha sido un desahucio en diferido, un mobbing inmobiliario, ya que incluso dejaron sin luz por error a dos vecinos de los de toda la vida”. Una reflexión a la que el concejal del PP Miguel Garnica respondió que “todas las medidas que se tomaron fueron para salvaguardar la seguridad de las personas que viven en Errekaleor”.

El concejal del PNV Álvaro Iturritxa no quiso juzgar la actuación policial, pero sí opinó que si las casas están en mal estado nadie puede habitar en ellas. Y criticó al ejecutivo de Maroto por la lentitud con la que ha gestionado todo el proceso de desalojo de Errekaleor. “En cuanto se vaya el último propietario -quedan dos- hay que derribar los edificios; el PNV no quiere para ningún joven de Gasteiz que tenga que vivir en una infravivienda”.