gasteiz - El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz denunció ayer que el equipo de gobierno va a realizar obras por valor de 35.000 euros en el local de la calle San Antonio que le alquiló el empresario Gonzalo Antón mediante un contrato que investiga el Tribunal de Cuentas del Estado. Se da la circunstancia de que en su momento el Consistorio ya pagó unas obras en el bajo, de casi 1.000 metros cuadrados de superficie, por valor de 1,6 millones de euros, trabajos que realizó la empresa de Antón.

Ayer el concejal de EH Bildu Antxon Belakortu censuró que ahora se vuelva a intervenir en el local. “El agujero que Maroto y su partido han causado al municipio es tremendo; pagamos 17.000 euros mensuales de alquiler a un propietario privado y todavía nos quedan doce años por pagar. ¿No es suficiente, que tenemos que pagar el acondicionamiento del local de nuestros bolsillos? Estas son las consecuencias de la lamentable gestión del PP de Vitoria”, señaló Belakortu.

El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato mediante un procedimiento negociado en el que ha invitado a cinco empresas. La elegida para llevar a cabo los trabajos ha sido Egainor Asesores constructores, que ofreció realizar la obra por 34.409 euros, cuando el precio de licitación era de 45.300 euros.

El perjuicio económico presuntamente causado a la ciudad por el alquiler de San Antonio (se firmó el pago de más de seis millones de euros durante veinte años, cuando el local le costó a Antón 2,7 millones) ha llevado al Tribunal de Cuentas a pedir una fianza de medio millón de euros a quienes formaban parte de la Junta de Gobierno que adjudicó el contrato, entre ellos el actual alcalde de Vitoria, Javier Maroto. Asimismo, se abrirá juicio contable para dirimir si efectivamente hubo quebranto económico a la ciudad, tal y como considera que ocurrió la instructora delegada del caso.

archivado por el fiscal A finales de 2013 y principios de 2014 tuvo lugar la comisión de investigación que analizó a fondo el caso, y cuyas conclusiones se derivaron al Tribunal de Cuentas. Desde el PP se sostiene que el hecho de que la causa siga en el Tribunal de Cuentas implica que no hubo delito en la actuación de Alfonso Alonso y su gabinete. Por otro lado, la Fiscalía alavesa archivó el caso, que le había remitido el Pleno municipal, al no haber constatado la existencia de delito alguno con los datos aportados por los grupos de la oposición. - T.D.