Lo de Pasajes en 2012 fue la oficialización del fin de la dependencia al carbón. La gran central térmica gestionada por Iberdrola echaba la persiana tras cinco décadas de vida y Euskadi dejaba atrás un santo y seña de la revolución industrial original para embarcarse definitivamente, a manos llenas, en la apuesta por las renovables y, sobre todo, por el gas. Ésa es la fuente que sustenta la estrategia energética vasca del siglo XXI, diseñada antes de aquel punto de inflexión pero mucho más evidente a partir de ese momento. Y lo es porque se trata de un combustible más limpio y eficiente que otros derivados del petróleo, porque en nuestro subsuelo hay reservas, porque su explotación favorece el autoabastecimiento y hace los costes más competitivos, porque ayuda a la diversificación del sector industrial... Porque tiene evidentes ventajas que no se pueden obviar. Y, sin embargo, en los últimos tiempos, la hoja de ruta diseñada por el Gobierno Vasco se ha visto empañada por el interés en experimentar con una técnica de extracción que ha despertado demasiados interrogantes: el fracking.

A estas alturas, con la polémica generada, hasta el más neófito en la materia sabe que se trata de sacar gas pizarra o esquisto atrapado en materiales arcillosos entre los 400 y 5.000 metros de profundidad y que ésa es la principal diferencia respecto al gas convencional, que se encuentra en bolsas subterráneas. Para extraerlo, es necesario perforar un pozo en forma de ele, primero verticalmente, hasta llegar a la capa de pizarra y luego de forma horizontal, realizando pequeñas explosiones controladas que provocan fracturas en las rocas. Es entonces cuando se inyectan miles de metros cúbicos de agua, arena y aditivos químicos a altísima presión para favorecer todavía más esa ruptura y así liberar el gas. La reacción es la evidente: éste sube a la superficie, junto al agua y los residuos químicos, y ya arriba se procede a su separación y se recupera el hidrocarburo.

Suena complejo. Y lo es. Por algo las empresas del sector que iniciaron esta revolución silenciosa hace una década al otro lado del océano han tenido que reiterar su juramento de extremar las precauciones. Y, aun así, no ha sido suficiente para aplacar los recelos que suscita el riesgo de contaminación de acuíferos o de filtraciones de gas metano a esos mismos acuíferos o a las aguas residuales y de acentuación de movimientos sísmicos. Son los peligros de los que hablan también aquí los detractores de la fracturación hidráulica y que les llevaron a movilizarse hasta recoger las firmas suficientes -100.000, aunque fueron más- para poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que forzar al Parlamento a paralizar ad eternum los planes previstos y declarar Euskadi un territorio libre de fracking. Una propuesta que todos los grupos políticos aceptaron debatir y que ahora se encuentra en suspense porque, antes de proseguir con la tramitación, el PNV propuso -con la abstención del PSE, la negativa de Bildu y la ausencia del PP- convocar primero a expertos para que hablen sobre esta materia. Desde el mandato de los socialistas en el Gobierno de Patxi López y ahora con los jeltzales, la apuesta por el gas como alternativa energética y el deseo de probar métodos no convencionales, siempre que los técnicos lo recomienden y la protección medioambiental lo permita, ha sido clara.

Lo dicen fuentes del Ente Vasco de la Energía (EVE), sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco y accionista a su vez al cien por cien de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, nacida para promover la exploración y explotación de hidrocarburos. El camino marcado es ése, siempre que las pruebas de inspección “garanticen seguridad y rentabilidad”. Y, según estas mismas fuentes, el trabajo realizado por los técnicos bajo las órdenes institucionales, desde “la buena fe y con absoluta profesionalidad e independencia”, ha demostrado que “no existen riesgos que temer” en la primera fase, que será la que determinaría si merece la pena proceder con la segunda.

Cierto es, no obstante, que las pretensiones iniciales del Gobierno Vasco, cuando se llegaron a presentar ante el Ministerio de Industria 16 solicitudes de autorización para perforar sondeos exploratorios, han ido relajándose. El escenario ahora es el que contó la semana pasada la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia. En lo que respecta al País Vasco -el área que maneja Shesa traspasa nuestras fronteras-, sigue la tramitación ambiental para realizar dos: en Enara-1 y Enara-2, dentro del municipio de Gasteiz, en la zona del acuífero de Subijana, delimitada por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de los Montes de Vitoria.

Tras cinco años de estudios, el EVE anunció en 2011 que había llegado a la conclusión de que podía haber un rico yacimiento de gas no convencional en el subsuelo de Álava, equivalente al consumo de gas de todo el País Vasco durante 60 años. Fue una noticia bomba que el Gobierno López se apresuró a avanzar, porque de confirmarse las estimaciones supondría evitar la compra a otros países, con la ventaja económica que eso conllevaría, pues este recurso representa el 42% de la demanda energética y sólo en una pequeña parte se sacia con las tres centrales de ciclo combinado que existen en Euskadi. El anuncio vino acompañado, además, de un viaje del lehendakari Patxi López a Estados Unidos para visitar unos pozos en Texas y formalizar un acuerdo con dos empresas estadounidenses especializadas en fracking, Heyco y Cambria, con la intención de iniciar en ese mismo ejercicio los trabajos de prospección en los dos puntos antes mencionados, enmarcados en una zona denominada Gran Enara.

El consorcio se llevó a cabo, según recuerdan desde el EVE, porque “el Gobierno Vasco no puede poner en riesgo el dinero de los contribuyentes en caso de que las prospecciones no avalen la rentabilidad de la explotación, aunque tenga claro que una operación así puede suponer el fin tan importante de la dependencia energética y los beneficios redunden en los ciudadanos, porque ése es el objetivo: tener más dinero para destinar a sanidad, educación, empleo....”. Su participación se fijó en un 42%, dentro de una inversión total que estaba estimada inicialmente en cien millones de euros.

La idea era empezar justo entonces y, en dos años, contar con las conclusiones de los geólogos. Sería la primera comunidad en el Estado español en hacer la prueba. Pero no sucedió. A las puertas de las elecciones autonómicas, miles de personas salieron a la calle en Vitoria para decir no al fracking. Aquella manifestación fue seguida de una fuerte ola social de oposición en la calle y en los municipios afectados y forzó a las fuerzas políticas a mantener cautelas ante las posibles afecciones medioambientales.

A su vez, el Ayuntamiento de Vitoria encontró la manera de retrasar el proceso, denegando la licencia de obra a Sesha para la perforación de los dos pozos de exploración proyectados, después de que le obligara a presentar una documentación detallada que no cumplió sus requisitos. La sociedad pública, lejos de entrar en una guerra, reinició el proceso a través del Gobierno central, pero esta vez pidiendo la autorización en dos puntos situados a 200 metros. El proceso administrativo, no obstante, se puede prolongar durante varios años.

La prisa, no obstante, es relativa. Aunque desde el EVE reconocen que la apuesta por el fracking es inequívoca en lo que se refiere a la exploración para conocer el subsuelo, se encuentra a la espera de las evaluaciones técnicas y de impacto medioambiental cuyos plazos dilatan sobremanera todo el proceso.

La clave. El margen para que un territorio logre evitar la fracturación hidráulica es escaso. Los tribunales han invalidado las declaraciones ‘anti-fracking’ . El Gobierno central apuesta de forma clara por esta técnica y es el encargado de conceder o no las autorizaciones para abrir, explorar y explotar los pozos. En Euskadi, la voluntad del actual Ejecutivo vasco es la de inspeccionar a través de su sociedad pública. Y, además, no está claro si una figura de protección ambiental serviría de barrera.