Vitoria. Alfredo de Miguel, que fue número dos del PNV en Álava y diputado foral, está imputado porque, según la Fiscalía, lideró un entramado societario que tenía como fin presuntamente el cobro de comisiones ilegales y la obtención de contratos públicos de manera irregular.

Él y su mujer son dos de las 26 personas imputadas en este procedimiento, conocido como "caso de Miguel" precisamente por su apellido, y que están acusados de once delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y fraude.

Una vez hecho público el pasado día 10 el auto que pone fin a esta instrucción que acumula 21.000 folios, las defensas han presentado recursos ante el propio Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria o ante la Audiencia de Álava, como es el caso de Alfredo de Miguel y de su esposa Ainhoa Bilbao, al que ha tenido acceso EFE.

El abogado defensor, Gonzalo Susaeta, pide la nulidad de todo lo instruido hasta ahora porque alega que se ha producido "una investigación indiscriminada, a la búsqueda de hechos sobre los que realizar 'a posteriori' una imputación", en lugar de ceñirse a comprobar los hechos que denunció inicialmente la Fiscalía.

Por ello entiende que se han vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva, a ser informado de la acusación, a la defensa y a la práctica de la prueba pertinente para la misma, así como a un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, entre otros.

La defensa de Alfredo de Miguel recuerda que no se puede hacer una investigación global sobre la actividad de una persona para posteriormente, en virtud de lo averiguado, imputarle unos hechos, además sin comunicar a los encausados inmediatamente de lo que se les acusa.

Recuerda que tras la detención de Alfredo de Miguel el 17 de marzo de 2010 -posteriormente fue puesto en libertad-, el juez decretó el secreto de sumario y ordenó el registro de varios domicilios, la intervención de ordenadores, teléfonos, documentación y dispositivos electrónicos.A partir de ese momento comenzó a dictar providencias para conseguir más documentos y para tomar declaración a testigos pero sobre hechos, a su juicio, diferentes, sin que emitiera nuevos autos de ampliación de la causa y sin comunicarlo a los imputados ni a las personas que estaban siendo investigadas.

En este sentido señala que, aunque inicialmente se ordena investigar a una única empresa, Kataia Consulting, supuesta matriz del entramado societario, finalmente acaban siendo investigadas hasta 25 sociedades.

Por eso, el abogado defensor argumenta que en esta instrucción han coexistido tres investigaciones: la inicial que ordenó el juez instructor; la "no declarada" sobre "hechos, circunstancias sociedades y personas" distintas a la primera; y una tercera desarrollada por la Ertzaintza de forma "paralela", que excedía "de largo" lo autorizado por el juez.

Tras 16 meses haciendo una investigación diferente a la incoada inicialmente, en julio de 2011 el juez comunica a las partes en un auto que se ha encontrado "de forma casual" documentación que "pudiera hacer referencia a otros hechos distintos" a los denunciados inicialmente, que le han llevado a imputar a más personas.Para esta defensa, sin embargo, esos "hallazgos no fueron casuales" sino fruto de la "ocupación indiscriminada de papeles ordenadores y otros dispositivos".

Además, alega que el juez debería haber remitido esos hallazgos a otro juzgado para que abriera una nueva investigación o al menos haber dictado un auto explicando que ampliaba las pesquisas iniciales.

Al no hacerlo, a su juicio, se ha "viciado toda la instrucción".También se refiere a una "denuncia anónima" enviada al juez en el que se le dan datos sobre presuntas actividades irregulares en el Ayuntamiento alavés de Zambrana donde los imputados, según el juez, trataron de conseguir la recalificación de terrenos de suelo rústico para levantar un polígono industrial, escrito anónimo de cuyo contenido no se informó a las defensas.

El abogado del principal imputado también denuncia que el instructor no haya aceptado pruebas que pidió durante la instrucción, a diferencia de lo ocurrido con el fiscal.Por todo ello pide anular todo lo investigado y que el sumario se remita a la Audiencia.

El juzgado instructor y el tribunal provincial deberán ahora resolver estos recursos y, si los rechazan, la causa volverá al Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, que pedirá entonces a las partes que formulen escritos de acusación o reclamen el sobreseimiento del proceso.