vitoria - El Ayuntamiento de Agurain estará hoy muy pendiente de la votación que tendrá lugar en el Pleno de las Juntas Generales de Álava, en el que solicitarán incrementar su endeudamiento para construir once alojamientos de alquiler social en la conocida como Casa Bustamante. La localidad, inmersa desde 2012 en un Plan de Viabilidad Presupuestaria y Financiera, cuenta para acometer la reforma con financiación del Gobierno Vasco, pero necesita modificar una Norma Foral, previa aprobación de la Cámara territorial, para poder dar el paso.

Sin embargo, el problema con el que el Consistorio aguraindarra, gobernado por EH Bildu, se topa a la hora de aumentar su nivel de deuda es un informe del propio interventor municipal fechado a finales de año en el que se recoge que Agurain debe de forma prioritaria y “urgente” proceder a la “contención del gasto corriente”, y se informa al Ayuntamiento de que “dispone de tres meses para adoptar las medidas que se estimen oportunas en relación a la contención” de dichos gastos.

El informe del interventor, al que ha tenido acceso este periódico, se circunscribe al primer semestre del pasado año -habrá un segundo para fiscalizar los gastos e ingresos de la segunda mitad de 2014- y está avalado por la Diputación Foral de Álava. Entre otras cuestiones, subraya que en el Presupuesto de 2014 se estimaba “una ejecución de inversiones muy superior a la recogida en el escenario presupuestario del Plan de Viabilidad, que no viene acompañada de un incremento similar de ingresos”.

Pese a las objeciones del interventor municipal y de la Diputación Foral de Álava en lo que al aumento de la deuda respecta, el Ayuntamiento liderado por Maider García de Vicuña fundamenta su deseo de reformar la Casa Bustamante, ubicada en la calle Zapatari, “en la necesidad de incrementar las viviendas de alquiler social existentes en el municipio”. El proyecto para adecuar el edificio e instalar once pisos de alquiler social tiene como coste total 408.095 euros. Según se apunta en la proposición presentada por el portavoz juntero de EH Bildu, Gorka Ortiz de Guinea, la decisión del Ayuntamiento de Agurain “supone un endeudamiento máximo a largo plazo adicional de 251.486 euros con un plazo de amortización máximo de diez años, además de autorizar la suscripción de una cuenta de crédito por un importe máximo de 80.000 euros”.

Desde la coalición abertzale apuntan que “habida cuenta del interés social de la actuación, se hace aconsejable cambiar ciertas condiciones del Plan de Viabilidad inicial” para autorizar el endeudamiento, acordado en sesión plenaria por el Gobierno municipal el pasado 29 de enero. El plan financiero para las futuras once viviendas sociales diseñado por el Ayuntamiento aguraindarra establece unos ingresos anuales de 18.480 euros, con un alquiler mensual de 150 euros, y unos gastos de 27.848 euros, aunque el Gobierno municipal considera que podría quedarse en 18.428 euros por la reducción de la cuantía a amortizar.

El Plan de Viabilidad Presupuestaria en el que Agurain vive inmerso desde hace tres años establece la necesidad de que durante su periodo de vigencia sólo se puedan ejecutar obras financiadas con ahorro corriente neto o con financiación externa de otras administraciones, empresas o particulares, pudiendo establecerse la salvedad de necesidades básicas que requieran la adopción de medidas especiales para su financiación. De esta forma, pese a tener que cumplir, a priori, con las obligaciones que establece el Plan, la aprobación hoy de la modificación de la Norma Foral permitiría a Agurain aumentar su endeudamiento y arrancar la reforma de la Casa Bustamante, siempre y cuando obtengan el sí de las Juntas Generales de Álava.

rehabilitación La Casa Bustamante fue adquirida por el Ayuntamiento en 1985, pero decidió cederla a la Diputación Foral de Álava por su mal estado de conservación para rehabilitarla como residencia de ancianos, aunque posteriormente solicitó de nuevo su titularidad. Según explicó el teniente de alcalde, Enrique Gainzarain, al presentar el proyecto, el edificio, ubicado en la calle Zapatari, serviría para albergar once viviendas de alquiler social, en principio destinadas a “jóvenes de Agurain, aunque en función de la demanda existente no se descarta la ampliación al resto de chavales de la Llanada”. La gestión de las viviendas correría a cargo de Alokabide, la sociedad pública del Gobierno Vasco encargada de gestionar los alquileres sociales. Con el informe del interventor que pide contención a un lado y el deseo del Consistorio aguraindarra de incrementar su endeudamiento para este fin en otro, las Juntas Generales dirimirán hoy si aceptan modificar el Plan de Viabilidad y Agurain aumenta su deuda para estas obras.