Vitoria - Al margen del medio millón de euros que los concejales del equipo de gobierno que Alfonso Alonso dirigió hasta 2007 tendrán que poner de su bolsillo tras decretar el Tribunal de Cuentas, de forma provisional, que causaron un quebrantó económico al Ayuntamiento al firmar un contrato de arrendamiento con el empresario Gonzalo Antón por más de seis millones de euros, hay una derivada política incuestionable.
Por ello, la oposición en el Ayuntamiento ha unido sus fuerzas para tratar de impedir que el caso acabe guardado en un cajón, una hipótesis remota, pero posible, y por ello están dispuestos a celebrar un Pleno para pedir formalmente que el proceso siga adelante.
Para que se abra juicio contable, una de las partes, el ministerio fiscal o la representación legal del Ayuntamiento, tiene que solicitarlo. Sin embargo, la procuradora que asistió el jueves al Tribunal de Cuentas lo hacía en representación de Alfonso Alonso, del actual alcalde, Javier Maroto; y de los concejales del PP, y no de la institución presuntamente perjudicada en la Junta de Gobierno de febrero de 2007 en la que decidieron instalar varias oficinas municipales en el local de la calle San Antonio.
Ayer el portavoz del PNV en el Consistorio, Gorka Urtaran, pidió a Maroto que sea él quien pida la apertura del juicio, pues a su juicio el alcalde pretende que la causa se archive “antes del 24 de mayo”, la fecha en la que están convocados los vitorianos para elegir alcalde.
Precisamente el jueves Maroto apelaba a esa fecha para clamar por un rápido desenlace de los hechos que deje las cosas claras a los ciudadanos antes de ir a votar, tras asegurar que el PP no iba a recurrir la fianza provisional de medio millón de euros que le ha interpuesto el Tribunal de Cuentas. A pesar de esa premura que tiene el alcalde por obtener un fallo definitivo sobre el alquiler de San Antonio, ayer en el Partido Popular aún no se había adoptado una decisión sobre la petición de Urtaran de que sea el propio alcalde quien pida la apertura del juicio contable contra él y contra Alfonso Alonso, según señalaron fuentes municipales.
Urtaran señaló, por otro lado, que la declaración del alcalde tras conocerse la decisión del tribunal contenía tres falsedades. La primera, que había tomado la decisión de pagar de su bolsillo la cantidad que se le reclama, cuando el órgano fiscalizador le ha dado diez días de plazo para ingresar el dinero quiera él o no. La segunda afirmación que según Urtaran es falsa es la de que el PP no va a alegar contra la decisión del Tribunal de Cuentas, pues de hecho sus representantes legales presentaron una decena de reparos, todos desestimados por la instructora delegada del caso. Cuando Maroto dijo que no había responsabilidad penal también faltaba a la verdad, según Urtaran, pues el Tribunal de Cuentas únicamente analiza “si hay responsabilidad contable”. Por otro lado, el PNV avanzó que, si el PP no pide la apertura de juicio, cabe la posibilidad de que un particular se persone en la causa como perjudicado, por lo que, de una forma u otra, Alonso y Maroto serán juzgados por el Tribunal de Cuentas.
Por su parte, la candidata a la Alcaldía por EH Bildu, Miren Larrion, afirmó ayer que la fianza fijada por el Tribunal de Cuentas del Estado supone “el punto de inflexión de la lamentable gestión” de Maroto, que a juicio de la coalición abertzale quiere pagar el medio millón cuanto antes para “pasar página y que el chanchullo de San Antonio no le haga daño en elecciones”. Para Larrion al alcalde le debe “quedar claro que esto no acaba aquí, porque pague una multa económica, debe asumir una responsabilidad política”, aseguró. Por otro lado, la cabeza lista de EH Bildu al Consistorio gasteiztarra negó que tras abonar la fianza el caso San Antonio no le vaya a costar dinero a los vitorianos. “Es otra mentira más. Él como concejal de Hacienda firmó un contrato blindado de alquiler hasta el 2027; nos quedan por pagar nada menos que 12 años”, censuró. Para Larrion, el de San Antonio es sólo uno de los ejemplos de los 65 millones de euros que ha despilfarrado el PP.
“Las chapuzas de Alonso, Maroto y compañía nos van a costar 270 euros de nuestro bolsillo a cada gasteiztarra”, agregó la candidata, para quien “ha llegado la hora de airear la institución, de conseguir de una vez por todas que los chanchullos, el clientelismo y la corrupción queden lejos de Gasteiz”.
Por último, el edil del PSE y candidato por este partido a la Alcaldía, Peio López de Munain, fue quien lanzó en público la propuesta de que toda la oposición pida en un Pleno la apertura de juicio contable contra el gobierno municipal de Alfonso Alonso, aunque señaló que las tres fuerzas de la oposición trabajan en conjunto para buscar la fórmula más apropiada que evite el archivo del caso. “Él es arte y parte”, señaló el concejal socialista en referencia a la posibilidad de que Maroto pida ser juzgado.
El portavoz del PNV en el Ayuntamiento vitoriano aseguró ayer que Maroto mintió en la comparecencia que ofreció tras conocerse la petición de fianza por parte del Tribunal de Cuentas.
La candidata a la Alcaldía por EH Bildu destacó ayer que la petición de fianza supone “el punto de inflexión” en la gestión de Javier Maroto.
El aspirante por el PSE a ser el próximo alcalde de Gasteiz y concejal por esta formación propuso ayer que los tres grupos de la oposición en el Consistorio vitoriano pidan de forma conjunta la apertura del juicio.
6,5
Millones de euros pactaron el equipo de gobierno de Alfonso Alonso y el empresario Gonzalo Antón que pagaría la ciudad por el alquiler del local que el primero compró en la calle San Antonio.
2,7
Millones de euros le costó a Antón adquirir la lonja.
1,6
Millones de euros se gastó el Ayuntamiento en pagarle al empresario las obras de acondicionamiento del local.
