Vitoria. Los hechos ocurrieron el 7 de febrero del año pasado, cuando un grupo seis personas (de las cuales sólo se identificó al procesado) colocaron en la fachada de la sede de los populares un muñeco vestido con un buzo blanco y con la fotografía del preso de ETA Arkaitz Bellón, que había fallecido días antes en prisión.

Después rociaron el muñeco con pintura roja y lo colgaron en la pared de la sede junto con fotografías del recluso y los carteles con las palabras "hiltzaileak" y "errudunak".Lanzaron además octavillas con estos mismos mensajes en la vía pública y, cuando el escolta de la concejala popular Montserrat Canive salió de la sede para recriminar la protesta, el acusado le dijo: "Vosotros sois los culpables, vosotros sois los asesinos".

Por estos hechos el fiscal pedía para el hombre 18 meses de multa a razón de 10 euros diarios, en total 5.400 euros, por un delito de coacciones.

En la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria, a la que ha tenido acceso Efe, se concluye que el acusado -que reconoció su participación en los hechos- pretendía "proclamar la responsabilidad de la política penitenciaria del PP en la muerte del preso" pero no coaccionó a la concejala, que además en ese momento no se encontraba en la sede.El juez constata no obstante una "actitud intimidatoria" por parte del acusado y considera que las palabras "asesinos" y "culpables" son "una manifestación de esa intimidación, que constituye un acto ilícito desde la perspectiva de la convivencia social y el orden público".Sin embargo "no parece" que el procesado actuara con la "finalidad exigida" por el delito de coacciones de mostrar "voluntad dolosa de restringir la libertad ajena".

De hecho, añade la resolución, no ha quedado acreditado que las "rutinas" de la edil popular se hayan "visto alteradas en modo alguno como consecuencia de estos hechos", ni tampoco que "el objeto de la actuación del acusado fuese incidir en la libertad o la voluntad" de la concejala."Los elementos probados no encajan en el delito de coacciones", sentencia el juez, que absuelve al acusado pero reconoce que "las palabras y consignas empleadas" para denunciar la muerte del preso etarra sí podían "lesionar otros bienes jurídicos".