Vitoria - Agotada tras una intensa jornada, la exconcejala de Hacienda en el gobierno municipal de Patxi Lazcoz y hoy edil del PSE, Marian Gutiérrez, atendía ayer a DNA mientras viajaba de vuelta a Gasteiz. Fue la única representante del Consistorio que acudió a declarar en persona al Tribunal de Cuentas.

A la exconcejala de Hacienda el caso San Antonio le va a costar dinero de su bolsillo, lo mismo que le ha ocurrido al actual responsable de ese departamento, Manu Uriarte. “No es lo que más me gusta, pero bueno... la instructora delegada entiende que el IPC se tenía que calcular de marzo a marzo, y se hizo a final de cada año; ella lo hace constar, dice que se debía haber reflejado, calcula la diferencia, y en función de los años transcurridos se lo imputa a todos los concejales de Hacienda”.

La sesión de ayer, que apenas despertó atención mediática a las puertas del tribunal, duró alrededor de una hora, durante la cual declararon la procuradora del Ayuntamiento, el abogado del PP y ella misma. La instructora delegada, señalaba ayer Gutiérrez, basa su acusación al equipo de gobierno de Alfonso Alonso en el hecho de que el informe de la Unidad de Valoración no sólo era de obligada redacción, sino también de obligado cumplimiento. Hay que recordar que los técnicos de este área establecieron un precio por el alquiler de 10.200 euros mensuales más el IPC anual, y que Alonso firmó empezar con 15.000 euros mensuales e ir sumando, además del IPC de cada año, incrementos de hasta nueve puntos porcentuales.

Así pues, para Gutiérrez, el criterio del Tribunal de Cuentas “responde a lo que los grupos políticos defendimos en la comisión, que era un contrato leonino, que no respondía al interés general, que busca el interés de un particular”, afirmó la edil, convencida de que “había que pagar una cantidad X y lo construyeron para que al final se cobrara esa cantidad”.

Gutiérrez conoce el caso de primera mano porque se encontró con el alquiler recién firmado cuando accedió al gobierno municipal y constató que era prácticamente innegociable, y porque ha formado parte de la comisión de investigación sobre el mismo. Ayer consideraba que el caso tiene aún más recorrido, “un recorrido político”, al margen de lo que acabe dictaminando el Tribunal de Cuentas. - T.D.