Vitoria, 5 mar (EFE).- El Tribunal de Cuentas de España ha impuesto una fianza de casi medio millón de euros al exalcalde de Vitoria y actual ministro de Sanidad, Anfonso Alonso, y al resto de su equipo de gobierno de entonces, entre ellos el actual regidor, Javier Maroto (PP), por un alquiler gravoso de unos locales.
Según el acta de liquidación provisional al que ha tenido acceso Efe, el Tribunal de Cuentas ha ordenado el pago de 496.223 euros, que deberán abonar de manera solidaria los nueve miembros del equipo del PP que gobernaba el Ayuntamiento entre 2003 y 2007, y ha rechazado la prescripción de este caso, como pedían los investigados.
El Tribunal de Cuentas ha adoptado esta decisión tras escuchar hoy a los representantes legales de Alonso y del Ayuntamiento, en el procedimiento de investigación que lleva a cabo por un contrato de alquiler con una duración de 20 años para albergar unas oficinas municipales en la calle San Antonio de Vitoria.
El local se alquiló al empresario Gonzalo Antón por un importe de 6 millones de euros, más del doble de lo que él había pagado un año antes por comprarlo (2,7 millones).
El Tribunal de Cuentas confirma que hubo una "responsabilidad contable" por parte de la junta de gobierno, ya que se causó un "perjuicio" económico a las arcas municipales por el precio del alquiler, que se pactó en 12.500 euros más IVA mensuales, cuando los técnicos del Ayuntamiento lo establecieron 10.168 euros, es decir que se pagaron 2.332 euros de más al mes.
Además, indica que en las actualizaciones anuales de la renta el Ayuntamiento pagó entre 1 y 9 puntos por encima del IPC, cuando el informe de los técnicos señalaba que se pagase únicamente el incremento del IPC.
En tercer lugar la instructora señala que los técnicos indicaron que los gastos de comunidad debían correr a cargo del propietario y, sin embargo, en el contrato se pactó que fueran por cuenta del Ayuntamiento.
El alquiler incluyó asimismo una "cláusula penal" que señalaba que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de 20 años tenía que pagar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final, cuando los técnicos municipales fijaron esa obligación únicamente para 10 años.
El acta establece asimismo que los distintos concejales de Hacienda desde 2007 incurrieron en un error, ya que en lugar de calcular la revisión del IPC en el mes de febrero, cuando se firmó el contrato de estos locales en 2007, hacían esa revisión a finales de año, lo que implicó también un incremento económico.
Por ello, impone el pago adicional de 1.696 euros a Javier Maroto, como concejal de Hacienda en aquella época; de 5.228 euros a la responsable de este área entre 2007 y 2011, la socialista Marian Gutiérrez; y de 13.366 euros a Manuel Uriarte (PP), actual responsable de Hacienda.
La instructora rechaza la solicitud de prescripción de la causa que han hecho los investigados, al entender que el perjuicio para el Ayuntamiento se sigue produciendo mes a mes.
No obstante no se pronuncia sobre si hubo culpa en los presuntos responsables del alquiler, porque su labor, según explica, se limita a dilucidar si hubo malversación contable y la culpabilidad en la conducta de los investigados "queda reservada al procedimiento jurisdiccional".
Tras conocer esta resolución, Alfonso Alonso ha pedido que se aclare "de una vez" este asunto y ha asegurado que no le preocupa la fianza, sino "la demora en que se acredite el interés público en aquella decisión, que es clarísimo".
Javier Maroto, por su parte, ha aclarado que ninguno de los investigados recurrirá la resolución para no alargar los plazos y ha deseado que este asunto se resuelva cuanto antes, a poder ser antes de las elecciones municipales del 24 de mayo.
También ha anunciado que todos pagarán de su bolsillo en los próximos días la fianza de medio millón impuesta, a razón de unos 55.000 euros cada uno, aunque Maroto, Gutiérrez y Uriarte deberán asumir además los pagos adicionales fijados para ellos.
Maroto ha querido subrayar que el Tribunal de Cuentas de España no ha apreciado delito alguno y ha considerado que no se vulneró el interés general de los vitorianos.
Todos los partidos de la oposición en Vitoria -PNV, PSE y EH Bildu-, que fueron quienes propiciaron la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento sobre este contrato, han señalado por contra que con esta resolución se demuestra que Maroto ha perjudicado los intereses de la ciudad.
Para el PNV, el actual alcalde está ya "deslegitimado" para dirigir la ciudad, para EH Bildu se demuestra que "el PP es la ruina de Álava y de Vitoria", y para los socialistas se ha puesto en evidencia que este contrato se hizo en beneficio "del interés privado de un empresario". EFE
